La nueva ley de contratos y las nuevas normativas de Transparencia han venido para quedarse, no provocarán retrasos en la administración ni la harán menos eficaz sino que permitirán a los ciudadanos realizar un control más detallado sobre el destino de sus impuestos. No sólo cómo se conceden los contratos pero, también, cómo se desarrollan después, qué sobrecostes tiene, por qué y la calidad de los servicios que se han licitado. Así lo transmitieron ayer a los funcionarios del Ayuntamiento de Oviedo dos técnicos muy destacados en la gestión de la administración local y regional, el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, Miguel Ángel Blanes, y el director de la Oficina Antifraude de Madrid, Carlos Granados. Para la vicealcadesa Ana Taboada, órganos como estos son esenciales y con el tiempo pasarán a estar en toda la administración local, también en Oviedo.

Granados se encarga desde el 31 de enero de la oficina antifraude de Madrid, a la que por sentencia del 3 de abril se le ha reconocido las competencias y la compatibilidad con otros órganos municipales. La oficina, explica, trabaja principalmente "en prevención", "que es lo más importante en la lucha contra la corrupción y lo que permite que los Ayuntamiento puedan funcionar", explicó. Este organismo de Madrid surge de una convención de Naciones Unidas y de una resolución de la Unión Europea en el sentido de crear oficinas independientes para esta tarea. En Madrid, Granados ha logrado visitar ya 70 departamentos del Ayuntamiento y su impresión es buena.

"Nuestro objetivo", resume, "es que todo funcione mejor en los caudales, otenciar la integridad en la actuación del Ayuntamiento, y ello redunda no solo en que funcione mejor, sino en que prestemos un mejor servicio a los ciudadanos. Ahí nuestra oficina es de gran utilidad, no es una moda pasajera, es algo que se va a quedar.

El Defensor del Pueblo de Valencia, Miguel Ángel Blanes, también insistió en que la transparencia es "vital" para saber "cómo se adjudican y cómo se ejecutan los contratos públicos, porque no se puede controlar aquello que se ignora".

Queda la cuestión de cómo dificultan el día a día de la administración las nuevas leyes. El Alcalde, Wenceslao López, volvió a insistir ayer en el problema de tener que hacer hasta tres veces lo que antes se hacía en una. Para Blanes no es exactamente así. "Las nuevas leyes pueden ser transparentes pero también ágiles. Es cierto que la nueva ley es larga y farragosa, que podría haber sido más sencilla, pero está hecha, precisamente, para falicitar esa transparencia a la hora de saber cómo contrato y qué pasa con ese dinero. Es posible compatibilizar la transparencia y la eficiencia, por más que a la administración le gustaría contratar con quién fuera de un día a otro".

Las jornadas se celebraron ayer en el Palacio de Calatrava. En el programa figuraban también Ascen Moro, responsable de la Unidad de Gestión del Conocimiento y Calidad del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat y dos directoras de la oficina de Transparencia y Buenas Prácticas de Barcelona.