Pese a los anuncios del día anterior, la Junta de Gobierno celebrada ayer no acogió un agrio debate a cuenta de los incumplimientos de Aluvisa, la contrata que gestiona el mantenimiento de la red semafórica de Oviedo, cuyo contrato Somos exigía romper de inmediato allí donde el concejal de Seguridad reclamaba seguir el procedimiento y escuchar a la empresa. No obstante, pese a que el enfrentamiento entre los dos socios de gobierno no se produjo abiertamente, sí hubo cruces de acusaciones por detrás, mientras el PP insistía en que el tripartito oculta información en todo lo tocante a la Policía.
El concejal responsable del área, Ricardo Fernández, no dijo mucho más de lo que había dicho el día anterior sobre respetar el procedimiento administrativo, completar el expediente y que los incumplimientos, o no, se examinen y los servicios correspondientes tomen sus decisiones. Pero cuando se le preguntó por las intenciones del concejal de Somos Rubén Rosón de exigir la resolución del contrato, soltó un explícito "el concejal de Seguridad, de momento, soy yo". "Lo primero", siguió Fernández, "es que la ciudad no se quede sin semáforos, los pasos hay que darlos de uno en uno y según lo que corresponda. No es todo tan sencillo, porque, igual, si fuera tan sencillo, se hubiera acabado todo ya en el año 2015", insistió. No fueron las únicas respuestas a las declaraciones de Rosón del día anterior. El concejal de Economía también había insinuado que podía haber más sorpresas en otros contratos de Tráfico, y el edil de Seguridad recalcó que "ni le consta ni sabe a qué se refería Rosón", a la vez que defendió el aval que le aporta su trayectoria al frente de la consejería.
Rosón, por su parte, volvió a insistir en la "gravedad" de que un informe diga que estaba todo correcto en la gestión de los semáforos y semanas después otro funcionario descubra "un posible desfalco de 400.000 euros". "El servicio de policía municipal", insistió Rosón, "debe sufrir una auditoría interna en profundidad", al tiempo que avanzó que su grupo "no va a cesar de exigir romper el contrato".
Desprestigio absoluto
Mientras, el PP volvió a lanzar acusaciones al equipo de Gobierno por ocultar el último informe de Aluvisa. "Nos preguntamos", explicó el concejal Gerardo Antuña, "desde cuándo conoce el concejal este informe, qué medidas tomó, por qué no informó de estas irregularidades a la oposición". "No estamos ante un tema menor", siguió Antuña, "estamos ante un ejemplo más de la incapacidad de Ricardo Fernández que con la complicidad de Wenceslao López están abocando al área de Seguridad Ciudadana a un desprestigio absoluto".
Antuña siguió señalando al concejal socialista, "muy cuestionado", atacó, "incapaz de asumir sus responsabilidades, con declaraciones que van en una línea y actuaciones que le desmienten", "enfrentado y cuestionado por los bomberos". Para el PP, la situación de Ricardo Fernández es "insostenible", pero culpan al Alcalde de ser "incapaz de tomar decisiones" ante "las consecuencias de la nula gestión" del área.
"Nos encontramos en definitiva", concluyó Antuña, "ante un nuevo escándalo, ante la enésima irresponsabilidad de un ejecutivo agónico e inoperante y que lo único que harán será reaccionar atacando, culparan nuevamente al PP, a los funcionarios, a los complots de no se sabe quién, pero esas excusas de mal pagador ya no valen, la antología de sus errores y de sus fracasos no tiene precedentes".
