La modificación, apenas medio año después de su firma, del Convenio para la detección de situaciones de vulnerabilidad social en procedimientos de desahucio, acordada en reunión extraordinaria por el Gobierno del Principado, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Asturiana de Concejos resulta "completamente insuficiente" según la plataforma contra los desahucio (PAH Oviedo) para "hacer frente a la situación de emergencia habitacional que padece Asturias y que, teniendo en cuenta la evolución previa de los salarios y de los precios de los alquileres, a corto plazo no hará sino agravarse".

"Más allá de las declaraciones triunfalistas de las partes sobre el buen funcionamiento del actual protocolo", explicó la PAH en un comunicado, "para la prevención de desahucios -completamente alejadas de la realidad asturiana, donde la tasa de incremento de los desahucios por impago de alquiler triplica la media nacional, el exiguo resultado del pregonado encuentro se redujo a introducir una nueva cláusula en el Convenio, en virtud de la cual los juzgados solicitarán a los servicios sociales municipales un informe sobre la situación de vulnerabilidad de las familias objeto de procedimientos de desahucio". La medida, lamentan, "demuestra un desconocimiento del drama personal y social que sufren las familias".