Una sentencia judicial condena al Ayuntamiento de Oviedo a abrir y llevar a cabo de forma adecuada la investigación y esclarecimiento de las denuncias por acoso laboral planteadas contra mandos intermedios del área de bomberos por seis telefonistas de ese servicio. El magistrado que firma el fallo, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, considera que de las pruebas practicadas "se puede inferir" una situación que justificaría "la apertura del protocolo pertinente para el esclarecimiento de los hechos con las debidas garantías procedimentales que alejen cualquier atisbo de indefensión" de los trabajadores, que presentaron la demanda por "trato inapropiado y hostigamiento".
El juez sostiene en la sentencia que su fallo se basa en muy buena medida en la declaración de José Manuel Torres Ruiz, jefe de bomberos ahora jubilado y una de las personas que, supuestamente, y según los denunciantes, tomaba parte en el acoso. "Su objetividad se encuentra obviamente empañada, pero eso no es obstáculo para poder deducir de su declaración una situación anómala que es necesario atajar a través de los pertinentes mecanismos", recoge textualmente la sentencia sobre el exjefe de bomberos. Además, el magistrado subraya en el texto que el hecho de que se haya jubilado "no es óbice para desestimar dicha reclamación en aras a su esclarecimiento".
"Hostilidad"
En concreto, en su declaración ante el juez, López declaró que la situación de "hostilidad" respecto a los telefonistas, venía "de atrás" y que también existía "con otras teleoperadoras". Otra testigo, que trabajaba con los presuntos responsables del acoso, también manifestó en el transcurso del juicio la "existencia de ambiente hostil", con "denuncias y quejas".
Los seis telefonistas que presentaron la demanda prestan sus servicios en el área de extinción de incendios desde hace años. Inicialmente, tal y como se recoge en la sentencia, a través de una sucesión de contratos con diversas empresas privadas. Después, los trabajadores, todos ellos afiliados al sindicato CSI, consiguieron por vía judicial que se declarase su situación como "cesión ilegal", incorporándose a la plantilla como trabajadores indefinidos. Antes de ir al juzgado, los telefonistas trataron, sin éxito, de que el gobierno municipal aceptara su denuncia por acoso.
