El gobierno tripartito dio ayer luz verde a la revisión de las bases que regulan la concesión de ayudas económicas a familias con menores en riesgo de pobreza. Esta modificación se pone en marcha después de que 357 hogares ovetenses que cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria publicada este año por el Ayuntamiento se hayan quedado sin esa prestación, dotada con 700 euros anuales para cada beneficiario. Según explicó en su momento la concejala de Atención a las Personas e Igualdad, la socialista Marisa Ponga, la situación obedeció a que el número de solicitantes "desbordó" las previsiones iniciales e hizo que se quedasen cortos los 987.000 euros presupuestados para una iniciativa municipal que llegó a más 1.400 núcleos familiares del municipio.

"Cuando realizamos la convocatoria quisimos dejar la cuantía económica abierta por lo que pudiera pasar, pero no nos fue posible legalmente y por ello fijamos una cifra similar a la del ejercicio precedente. El problema se nos planteó porque se incrementaron notablemente las solicitudes de ayuda y, como consecuencia, el presupuesto quedó corto", añadió la edil socialista.

Estas explicaciones no convencieron al PP, que ha venido lamentado la "falta de sensibilidad" que aprecia en el tripartito con un problema generado por el propio gobierno. Según la edil popular Belén Fernández Acevedo, se produjo "un evidente error de gestión para dotar presupuestariamente unas ayudas que se pregonan como uno de los principales logros y como muestra de preocupación con la gente".

Los afectados por el problema han puesto en marcha una plataforma que ha criticado con dureza el trato recibido por parte de la Concejalía de Atención a las Personas.