Ironías de la vida, ha sido una exministra del PP, Margarita Mariscal de Gante, la que acaba de disponer que el caso "Villa Magdalena" vuelva a juzgarse en el Tribunal de Cuentas (TC). Mariscal de Gante, que en la actualidad es Consejera de Cuentas de este tribunal, suscribe un auto en el que se identifican "irregularidades", "nuevos hechos" y un "daño para los caudales municipales de 52,4 millones de euros.
El TC tiene en cuenta que en 2012 ya trató el caso del largo proceso de expropiación del palacete y la finca de la Avenida de Galicia, pero ahora confirma las tesis del Ayuntamiento e indica que hay un "hecho nuevo a tener en cuenta en el ámbito de la responsabilidad contable". Ese hecho es el pago definitivo establecido el 17 de noviembre de 2017 por el Tribunal Supremo, quedando como nuevo justiprecio 64,181 millones de euros. Con esa cifra es con la que el Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas calcula un "daño para los caudales públicos de 52,398 millones".
Tras el informe previo del Fiscal del TC la exposición del Ayuntamiento de Oviedo Mariscal de Gante concluye que "no concurre ninguno de los supuestos previstos par acordar el archivo de las actuaciones, por lo que procede que por la Comisión de Gobierno se nombre Delegado Instructor para la práctica de las diligencias con relación a las irregularidades señaladas". En otras palabras, iniciar un nuevo enjuiciamiento del caso "Villa Magdalena" en el Tribunal de Cuentas.
El actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo logra, así, uno de los objetivos largamente perseguido durante este mandato, consistente en revisar la gestión realizada por los gobierno de Gabino de Lorenzo de la expropiación de Villa Magdalena, que por falta de consignación generó derechos millonarios de retasación. Pese a que el Ayuntamiento no logró que los expedientes internos abiertos para revisar todo el proceso llegaran a buen puerto (la funcionaria responsable invocó que el Tribunal de Cuentas ya lo había juzgado) ahora el propio TC les ha dado la razón. Cuando se pronunció sobre el caso el justiprecio era otra y otras las circunstancias, pues aquella investigación se refería al convenio para hacer un parking en Uría con el que De Lorenzo pretendió resolver la expropiación de Villa Magdalena. Ahora, en otro contexto y con otros precios, el TC volverá a indagar si hubo o no responsabilidad contable y por parte de quién.
