Un conductor que se dio a la fuga tras atropellar a un peatón, que quedó tetrapléjico, al invadir la cuneta de la carretera local por la que circulaba tras consumir alcohol y cocaína ha sido condenado a tres años y tres meses de prisión y a pagar una indemnización de dos millones de euros a su víctima.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, considera a Fernando H.T., de 38 años, responsable de los delitos de lesiones por imprudencia grave, contra la seguridad vial por conducir un vehículo bajo la influencia de alcohol y drogas y de omisión del deber de socorro y le impone la retirada del carné de conducir durante cuatro años.
Los hechos ocurrieron sobre las 11 horas del 18 de septiembre de 2016 cuando Fernando H.T. conducía su vehículo por la carretera local de Vegalencia, en el municipio de Ribera de Arriba, y, al llegar a un tramo ligeramente curvo a la derecha y con buena visibilidad, perdió el control de su vehículo e invadió la cuneta.
Al salirse de la vía, el vehículo atropelló al peatón G.C.M., de 62 años, que se encontraba apoyado en un muro leyendo el periódico y lo arrastró doce metros.
La víctima quedó debajo de la parte delantera del vehículo, el capó y el larguero del techo sobre la puerta derecha delantera resultaron abolladas, la luna parabrisas y el espejo retrovisor se rompieron y, pese "la evidencia del atropello", señala el la sentencia, el condenado siguió su marcha sin bajarse del vehículo.
El conductor no comprobó el estado en el que se encontraba la víctima, que permanecía tendida en el suelo, ni la atendió pese a la gravedad de las heridas aunque su abogado defensor, Antonio Cifuentes, mantuvo durante el juicio que su representado no fue consciente del atropello.
Fernando H.T. fue localizado por la Guardia Civil a seis kilómetros del lugar del atropello, oculto y tumbado cerca de un río y, tras someterse a la prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0,97 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, la primera vez, y 1,02 minutos después y dio positivo en cocaína.
La víctima sufre desde entonces una paraplejia con importantes secuelas que afectaron a diversos órganos, severa dependencia de terceras personas, daños morales graves, pérdida de calidad de vida, tanto suya como de su familia, por la atención que requiere 24 horas y necesita rehabilitación domiciliaria y ambulatoria.
Además, ha tenido que adaptar su vivienda para el desplazamiento en silla de ruedas, la construcción de un ascensor y la modificación del baño, a lo que se ha unido su incapacitación para continuar en su actividad laboral como funcionario.
G.C.M. estuvo ingresado en la UCI, sufrió varias intervenciones quirúrgicas e ingresos hospitalarios desde el accidente hasta el pasado mes de octubre de 2018, lo que ocasionó un gasto al Servicio de Salud del Principado (Sespa) de 15.408 euros.
La sentencia del juzgado de lo penal número 1 de Oviedo, contra la que cabe recurso ante la Audiencia Provincial, sostiene que la indemnización, que reclamaban los abogados Juan Carlos Fernández y Beatriz de Luis, que ejercitaban la acusación particular, es "razonable, ponderada y equilibrada" y califica la pérdida de calidad de la víctima y de su familia como "muy grave".
