La jueza de instrucción del número 3 de Oviedo acaba de suspender provisionalmente la causa que ella misma había puesto en marcha para que declarasen como investigados el alcalde, el socialista Wenceslao López, y sus concejales, sobre una supuesta prevaricación en las autorizaciones a las actividades festivas de Gascona.

Después de haber mandado identificar a los concejales que formaron parte de la junta de Gobierno que aprobó la feria de la Gascuña y tras el anuncio del partido ultraconservador Vox de personarse en la causa, la jueza ha dictado un nuevo auto en el que manda suspender la causa penal a la espera de que se resuelvan los dos contenciosos con recursos pendientes sobre las actividades que se realizan en el Bulevar de la Sidra.

Los vecinos de la zona y el Ayuntamiento mantienen dos causas abiertas en los juzgados de lo contencioso, las dos pendientes de recurso y las dos con fallos opuestos. Por una parte, el juzgado número 1 de Oviedo respaldó en enero la legalidad de la celebración de la Preba. Por otra, unos días antes, el número 3 había anulado el acto de autorización del mercado de Gascuña y había enviado, además, la sentencia a Fiscalía para que investigara una posible desviación de poder. Sin embargo, esa investigación de Fiscalía se solapó con una denuncia penal que los vecinos habían planteado previamente. En esa denuncia, la asociación de vecinos de Gascona denunciaban la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a sus quejas y el caso omiso a los informes de funcionarios municipales que veían problemas en la organización de actos multitudinarios en la calle de las sidrerías. Esa ha sido la denuncia ante la que la jueza iba a citar como investigados a los miembros de la Junta de Gobierno. Pero ahora la jueza resuelve que la existencia de sendos recursos sobre las causas en vía contenciosa provocan "una clara incertidumbre sobre la realidad de la ilegalidad" de la que se desprendería el presunto delito de prevaricación. En otras palabras, hasta que en Gascuña o en la Preba no haya una sentencia firme que diga que el Ayuntamiento obró mal, la jueza considera que no puede analizar las implicaciones penales del equipo de Gobierno y dispone la suspensión y el sobreseimiento provisional.

Ante este anuncio, el concejal de Economía y Turismo, Rubén Rosón (Somos), ha pedido la dimisión de los ediles del PP y de Ciudadanos por "utilizar su bufete de abogados particular para atacar el turismo, la cultura o la gastronomía de los ciudadanos de Oviedo". En parecida clave, el concejal de Interior, Iván Álvarez (IU), declaró que "la judicialización extrema de la política es el fracaso de la misma, a la izquierda la tienen que ganar en las urnas". El PP lamentó que Rosón confunda una suspensión provisional con otra cosa, recordó que la demanda la pusieron los vecinos y que el código ético de su partido obligaría a Rosón a dimitir al haber sido imputado.'