José A. ORDÓÑEZ
El Ayuntamiento de Oviedo cerró el ejercicio presupuestario de 2018 con un superávit de cuatro millones de euros tras haber reducido la deuda en 11,7 millones. Así figura en la liquidación firmada ayer por el concejal de Economía, Rubén Rosón (Somos). Según indicó el edil, el tripartito ha destinado desde 2015 un total de 104 millones a acabar con la deuda "heredada del PP", que, según sus datos, era de 96 millones en el momento en que se produjo el cambio de gobierno tras las elecciones de 2015 y acabó llegando a los 160 millones por los varapalos judiciales a los que ha tenido que hacer frente el Consistorio, especialmente por la expropiación del palacete y la finca de "Villa Magdalena".
El gasto ejecutado por el Ayuntamiento en 2018 alcanzó los 208,7 millones de euros, lo que supuso un incremento de unos 18 millones con respecto al ejercicio de 2014. En el capítulo de personal, incluyendo los salarios de la plantilla municipal y los planes de empleo, se gastaron 61,8 millones de euros, mientras que el gasto corriente se llevó 72,2 millones, registrándose un ahorro de 8 millones por la extinción del contrato de Recaudación.
Rosón subrayó especialmente que el capítulo destinado a subvenciones y becas alcanzó en 2018 los 39,4 millones de euros. "Son diez millones más de lo que destinó el PP en su último año completo de gobierno", indicó el edil de Somos, quien destacó el alto nivel de ejecución presupuestaria de todas las áreas excepto en la de Obras, a cuyo frente está la socialista Ana Rivas, con la que Rosón mantiene profundas discrepancias desde hace tiempo. "En ese departamento no se están cumpliendo las expectativas", aseveró el concejal de Somos. Según los datos de la liquidación, el departamento de Rivas dispuso de créditos por un valor total de 61 millones de euros, incluyendo 17 millones para hacer frente al pago de la sentencia del Calatrava. Sin embargo, únicamente ejecutó 22,9 millones. "La inversión en obra nueva no alcanzó ni los 7 millones de euros en esa concejalía", apuntó Rosón.
El edil de Economía también valoró de forma positiva que el Ayuntamiento cumpla la normativa en cuanto a plazos de pago a proveedores. A su juicio, los números de 2018 confirman que "es posible aumentar el gasto público pese a las leyes de estabilidad".
