La crisis de la pasada década se cebó de manera especial con las familias hipotecadas, que en muchos casos fueron desahuciadas y en otros perdieron todo su patrimonio. En España existen ahora mecanismos que intentan proteger a los afectados por una quiebra en la economía doméstica, con mecanismos como el llamado código de buenas prácticas, un cambio legislativo firmado por numerosas entidades financieras, que permitió refinanciar la deuda e incluso realizar una dación en pago.

Así lo explicó ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Isabel Álvarez Vega, profesora de Derecho Mercantil, tutora académica de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, una de las participantes en la mesa redonda, presentada y moderada por Margarita Collado, destinada a analizar los mecanismos que tienen a su disposición las familias cuando no pueden pagar sus deudas, a partir de las leyes de segunda oportunidad vigentes en España. Volver a empezar es posible, pero la forma de hacerlo depende en buena medida del modo en el que se negocie el pago de la deuda. "La mediación extrajudicial busca fraccionar el importe de lo que se debe, pero el problema es que en el 99 por ciento de los casos suele ser difícil llegar a un acuerdo", indicó Ángela Elisa Álvarez, abogada y vicepresidenta de la Federación de Empresarias (FEDA).

Hasta 1985 el acceso a la propiedad no era una prioridad para las familias españolas, pero el "decreto Boyer" de 1985, que endurecía las condiciones de los alquileres, fue el desencadenante, tal como explicó Isabel Álvarez Vega, que también aludió al reciente anuncio del Gobierno para potenciar el alquiler sobre la compra.

"Todo incitaba a vivir por encima de nuestras posibilidades y no sólo en el ámbito de las familias; era una especie de espiral diabólica que nos hizo entrar en una dinámica de consumo deshumanizado", señaló la profesora de la Universidad de Oviedo.

"La clave para negociar está en ofrecer a los acreedores algo más de la cantidad mensual que te pueden embargar legalmente. Así nadie puede dudar de mi buena fe, estoy ofreciendo más de lo que ellos pueden alcanzar", recalcó Ángela Elisa Álvarez.

La letrada también explicó que existen varios tipos de créditos que no pueden "limpiarse" con la ley de Segunda Oportunidad y son básicamente los pagos carácter público, entre los que se incluyen los impuestos.

En esos casos sí resulta posible establecer un plan de pagos a cinco años.