11 de marzo de 2019
11.03.2019

Piden cinco años de prisión para los dueños de un club de alterne de Piedramuelle

Los acusados tenían trabajando a un camarero y a cinco chicas sin estar dados de alta en la Seguridad Social

11.03.2019 | 17:38

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita dos años y medio de prisión para cada uno de los dos responsables de un club de alterne situado en Santa Marina de Piedramuelle por tener trabajando en el local a un camarero y a cinco chicas sin estar dados de alta en la Seguridad Social. La vista oral está señalada para mañana en la Sección Segunda de la Audiencia (10,30 horas).

El Ministerio Fiscal sostiene que uno de los acusados era socio único y apoderado de la sociedad a través de la cual se consiguió la autorización para abrir el club en Piedramuelle por parte del Ayuntamiento. La sociedad fue dada de baja en la Seguridad Social por el acusado, supuestamente por no tener trabajadores desde el día 30 de septiembre de 2006. Sin embargo, el establecimiento seguía funcionando y a nombre del acusado estaban el contrato de la luz, los recibos, el contrato para la instalación del equipo de sonido del año 2011 y el contrato de instalación de las máquinas recreativas del año 2013. El hombre pagaba la renta del local a sus propietarios y contrataba a los camareros del local. En el club, siempre según la versión del fiscal, "se realizaban actividades de alterne y prostitución, de forma que las mujeres atraían a los clientes con consumiciones a un precio elevado y cobrando ellas un porcentaje".

La otra acusada es una mujer, la copropietaria del negocio. El escrito del fiscal recoge que era ella quien se encargaba de la gestión del establecimiento y la que tenía a su nombre las liquidaciones por la venta de tabaco y el contrato con la Sociedad General de Autores. Entre sus funciones estaba la de gestionar el personal que trabajaba en el local sin contrato.

El día 16 de abril de 2015, sobre la una de la tarde, miembros de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del Grupo Operativo de Extranjeros de la Policía Nacional comprobaron que en el establecimiento se encontraban trabajando seis personas --un camarero y cinco chicas de alterne-- todas ellas sin alta en la Seguridad Social. Dos de las mujeres carecían además de autorización administrativa para trabajar en España.

La mujer que se va a sentar mañana en el banquillo como acusada no tiene residencia legal en España. En el momento de redactarse el escrito de acusación de la Fiscalía el establecimiento estaba cerrado y carecía de actividad. El fiscal también solicita para los acusados una multa de 9 meses a razón de 10 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Procede sustituir la pena de prisión correspondiente a la acusada por su expulsión del territorio español durante 6 años.

Por vía de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Seguridad Social con 17.000 euros en concepto de cuotas dejadas de ingresar, más los intereses legales correspondientes.

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