La Sección Segunda de la Audiencia Provincial acogerá hoy el juicio contra los dos propietarios de un club de alterne situado en Santa Marina de Piedramuelle que tenían trabajando para ellos a un camarero y a cinco chicas sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Los acusados, un hombre y una mujer, se enfrentan a una pena de dos años y medio de cárcel cada uno.
El ministerio fiscal sostiene que uno de los acusados era socio único y apoderado de la sociedad a través de la cual se consiguió la autorización para abrir el club en Piedramuelle por parte del Ayuntamiento. Dicha sociedad fue dada de baja en la Seguridad Social por el acusado, supuestamente por no tener trabajadores desde el día 30 de septiembre de 2006. Sin embargo, el establecimiento seguía funcionando y a nombre del acusado estaban el contrato de la luz, los recibos, el contrato para la instalación del equipo de sonido del año 2011 y el contrato de instalación de las máquinas recreativas, fechado en el año 2013. El hombre pagaba la renta del local a sus propietarios y contrataba a los camareros. En el club, siempre según la versión del fiscal, "se realizaban actividades de alterne y prostitución, de forma que las mujeres atraían a los clientes con consumiciones a un precio elevado y cobrando ellas un porcentaje".
La otra acusada es una mujer, la copropietaria del negocio. El escrito del fiscal recoge que era ella quien se encargaba de la gestión del establecimiento y la que tenía a su nombre las liquidaciones por la venta de tabaco y el contrato con la Sociedad General de Autores. Entre sus funciones estaba la de gestionar el personal que trabajaba sin contrato.
El día 16 de abril de 2015, sobre la una de la tarde, miembros de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del Grupo Operativo de Extranjeros de la Policía Nacional comprobaron que en el establecimiento se encontraban trabajando seis personas -un camarero y cinco chicas de alterne- todas ellas sin alta en la Seguridad Social. Dos de las mujeres carecían de autorización administrativa para trabajar en España.
La mujer que se va a sentar hoy en el banquillo como acusada no tiene residencia legal en España. En el momento de redactarse el escrito de acusación de la Fiscalía el establecimiento estaba cerrado y carecía de actividad. El fiscal también solicita para los acusados una multa de nueve meses a razón de diez euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. La pena de prisión correspondiente a la acusada podría sustituirse por su expulsión del territorio español durante seis años. Además, el fiscal pide que los acusados paguen 17.000 euros a la Seguridad Social en concepto de cuotas dejadas de ingresar.
