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Los constructores podrán evitar impuestos si ceden pisos para alquiler público

Los redactores del plan urbano proponen convenios con las empresas para generar el parque de viviendas protegidas en alquiler que quiere Urbanismo

La parcela de Sogepsa para vivienda protegida autónomica en Prado de la Vega.

La parcela de Sogepsa para vivienda protegida autónomica en Prado de la Vega. LNE

Un modelo de convenio urbanístico que permita cambiar alguna de las cesiones o tributos que las constructoras de pisos deben abonar al Consistorio por espacios de viviendas en las promociones que desarrollen. Esta es la fórmula que proponen los redactores para cumplir uno de los principales retos que se marca la Concejalía de Urbanismo (Somos) con la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) en marcha: generar un gran parque municipal de vivienda pública en alquiler, sobre la base de partida de que el 30% de los 29.052 pisos (unos 8.700) que se prevén para los próximos doce años tendrán que estar sometidos a algún tipo de protección oficial. Los encargados del plan han localizado en la ciudad 33 promociones de vivienda protegida para un total de 1.273 pisos, de los que solo 64 están destinados al alquiler y con una localización nítidamente periférica. Es más, en el documento de prioridades del plan, Víctor García Oviedo, Ramón Fernández-Rañada y Emilio Rico subrayan entre las debilidades estructurales del urbanismo local "la desproporción del mercado inmobiliario entre la compraventa (abundante) y el alquiler (escaso), tanto en vivienda libre como protegida".

Los arquitectos advierten de que el planeamiento no tiene capacidad ni para intervenir en el alquiler ni para que la vivienda protegida se dedique a este fin, subrayando que al "desequilibrio marcado entre las viviendas en venta y alquiler, tanto libres como protegidas" se le une el hecho de que el "alquiler resulta, en términos relativos, proporcionalmente más elevado en las zonas baratas" de la ciudad. Los redactores apuntan que el plan de ordenación tiene capacidad para la obtención de reservas para vivienda protegida, en cumplimiento con la ley estatal del suelo, pero alertan de que "ni ello implica que se materialicen ni mucho menos que vayan a ser destinadas al alquiler".

En este escenario, Fernández-Rañada, García Oviedo y Rico afirman que si lo que se pretende desde el Consistorio es apostar por la vivienda en alquiler "y, además, contemplar supuestos para que haya vivienda pública en alquiler" la alternativa es "conformar un parque residencial municipal, algo que en gran medida rebasa las competencias del PGO". No obstante, los redactores reconocen que el plan, pese a las dificultades apuntadas, "sí podría generar una medida para obtención de viviendas a través de los mecanismos de gestión urbanística". Sería con la puesta en marcha de ese modelo de convenio urbanístico destinado a que, "en aquellos ámbitos de desarrollo o, incluso, nuevas edificaciones de licencia directa, se pueda intercambiar alguna de las cesiones o tributos que recibiría el consistorio (por ejemplo el 10% del aprovechamiento, por espacio de vivienda, véase casos de bajo cubiertas, entresuelos, etcétera". Con ello, aseguran, "no sólo se contribuiría a la obtención de un parque público de viviendas, sino que también se favorecería una mayor dispersión de la protegida".

El plan que está en redacción contiene la expansión de la ciudad y centra el crecimiento futuro en núcleos ya consolidados, muchos de ellos paralizados a causa de la última gran crisis económica. En concreto, la propuesta que está sobre la mesa recorta en unas 329 hectáreas la superficie bruta de suelo desarrollable, dejando en 29.053 los 35.749 pisos que estaban inicialmente previstos en el planeamiento. La nueva propuesta incluye 25.962 unidades en altura y 3.091 unifamiliares. Hay que tener en cuenta que en Oviedo hay 20.000 viviendas vacías.

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