El concejal del PP en el Ayuntamiento de Oviedo Gerardo Antuña indicó esta mañana que, si bien los tribunales han dado el visto bueno a la legalidad del "IBI para ricos", instaurado este mandato por el tripartito, no significa que sea conveniente su aplicación. "Que tenga encaje legal no lo convierte en bueno para la ciudad", subrayó el edil de la oposición. Antuña considera que, a pesar de las sentencias del TSJA, que avalan la medida municipal frente a los recursos de 20 propietarios de inmuebles con un valor catastral superior a los dos millones de euros, su mantenimiento en vigor podría tener importantes consecuencias en la generación de empleo en la ciudad.

El edil popular acusa al gobierno de vender la medida como una iniciativa redistributiva cuando, a su juicio, en realidad solo se busca recaudar más dinero. "La cruda realidad es que la medida no ha venido acompañada con la reducción del IBI a las familias a lo largo del mandato", declaró, para al mismo tiempo denunciar que la subida impuesta a los propietarios de 250 inmuebles de la ciudad no se ha traducido en más inversión. "Recaudan más para luego dejar 54 millones de euros en el cajón", denuncia el popular en clara referencia a los escasos porcentajes de ejecución de inversiones registrados desde la llegada al poder del gobierno de coalición entre PSOE, Somos e Izquierda Unida.

Para el PP, las subidas repercutidas a las empresas e instituciones afectadas están teniendo un impacto negativo en el empleo. "Lo ven reflejado en sus resultados y en muchos casos los lleva a prescindir de trabajadores", alerta, dejando clara su intención de eliminar el tributo en caso de que el PP recupere la Alcaldía. "Las políticas ideológicas del tripartito restan oportunidades a Oviedo", concluye el concejal.