"Un error de tramitación entre las áreas de modernización y contratación". Ese es el motivo por el que, según deduce el anterior Alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, no se gestionó debidamente la modificación del contrato con la empresa Asac, responsable de informática en el Ayuntamiento, cuando se les pidió que se hicieran cargo también de las redes sociales.

Así lo declaró ayer Caunedo en la Audiencia, en el juicio que se celebra estos días contra los que en aquellos años (2013 y 2014) eran los jefes municipales de prensa y de informática, Rodolfo Sánchez e Ignacio Huerta, y contra los empresarios Marco Antonio Prieto y Maximino Fernández, director y gerente de Asac. Se les juzga por presunta prevaricación y falsedad documental y la fiscal pide para ellos penas que van de los cinco a los tres años de cárcel.

El caso del contrato de Informática tiene varios puntos ciegos que podrían ser susceptibles de dar lugar a estos delitos. Uno de ellos, precisamente al que se refirió Caunedo, tiene que ver con los primeros pasos que el Ayuntamiento dio, por orden suya, para ver si era posible que Asac, dentro del contrato de Informática y sin incrementar el precio, se hiciera cargo, también, de las redes sociales. Caunedo veía que había una necesidad de atender a los ciudadanos que requerían entonces información por estos nuevos canales. El jefe de Informática redactó un informe, al que Caunedo dio el visto bueno, en el que se planteaba a Asac esta posibilidad, la de atender también las redes sociales, renunciando a algunas mejoras del contrato que no se habían desarrollado. El problema es que ese informe se firmó electrónicamente pero ni se incorporó al expediente del Contrato de Asac en ese momento ni, por tanto, se tramitó en contratación la modificación del contrato. Así lo certificó ayer la Jefa de Contratación, que también certificó que dicho informe pareció incorporado al expediente del contrato de Asac con posterioridad, con una fecha que no se correspondía.

El secretario municipal declaró ayer que la modificación del contrato habría requerido informe de contratación, de dirección jurídica y de fiscalización. También precisó que la comunicación por escrito de incorporación de personal (los otros papeles motivo de controversia) no es necesaria, y depende de la decisión del responsable de cada contrato.