Decenas de parejas que tenían previsto celebrar sus banquetes de boda en Oviedo en los dos próximos años tendrán que reubicar las celebraciones. El cierre del restaurante Latores tras 25 años de trayectoria ha pillado con el pie cambiado a muchas personas que tenían previsto festejar sus enlaces o las primeras comuniones de sus hijos en un local que el pasado octubre se acogió a un concurso voluntario de acreedores. Los afectados tratan ahora de recuperar los 800 euros de fianza que habían adelantado de cara a sus celebraciones. Los administradores concursales, que buscan vender las instalaciones para saldar las deudas, se remiten a la ley, que no les permite hace pagos discrecionales. En algunos casos, las cancelaciones se comunicaron apenas unos días antes de la boda. "A una chica que tenía pensado casarse el 2 de marzo se lo dijeron a mediados de febrero y tuvo que buscarse la vida para encontrar otro sitio en llanera", explica Andrea Collado, una joven cuyo enlace tendrá lugar en junio y también se ha visto obligada a reubicar la celebración a pesar de que no le devolvieron la señal depositada en su día en el restaurante. Al parecer, las cancelaciones de bodas llegaron incluso antes de que el cierre se hiciese efectivo, ante las dificultadas que atravesaba el local.

Las parejas tratan de organizarse para reclamar de manera colectiva por los daños. "De momento somos siete parejas, pero estamos buscando otros casos para hacer más fuerza", indica Collado, ante una situación que le ha generado numerosos quebraderos de cabeza. "Estamos desamparados. Te encuentras a escasas fechas de tu boda con que todo se va al traste", se queja.

El administrador concursal, José Luis Orejas, reconoce la existencia de estas quejas, pero subraya que, al menos de momento, no pueden devolver las cantidades cobradas. "El administrador está para liquidar, no para atender a los acreedores", indica Orejas sobre las constantes llamadas recibidas de parte de los afectados para reclamar su dinero. Él les remite al cumplimiento de la ley. "Deben personarse en el concurso y seguir los trámites habituales para reclamar las cantidades", añade sin desvelar el número total de afectados.

El administrador concursal explica que el cierre definitivo tuvo lugar "hace un par de semanas" y llegó acompañado de un ERE de extinción que está pendiente de la aprobación por parte de la autoridad laboral para liquidar a los siete trabajadores que permanecían con contrato en vigor.

Una vez culminada la liquidación del negocio, el encargado de gestionar el cierre se centrará en tratar de vender las instalaciones para obtener el máximo dinero posible para poder hacer frente a las importantes deudas acumuladas en los últimos tiempos por el que fuera uno de los referentes de los grandes banquetes en la ciudad.