El Ayuntamiento de Oviedo hace oídos sordos a las advertencias de excepcionalidad de los juristas y sigue recurriendo a las adjudicaciones verbales -sin contrato- que luego salva mediante revisiones de oficio que declaran nulos los acuerdos y permiten abonar las facturas a los prestadores de los servicios. Tras ser, con mucha diferencia, el ayuntamiento asturiano que más recurrió a este procedimiento en 2018, la Junta de Gobierno tiene previsto aprobar hoy dos nuevos expedientes de revisión de oficio de contratos verbales para su remisión al Consejo Consultivo, organismo que debe dictaminar de manera preceptiva tales revisiones. Se trata, en concreto, de un acuerdo con la mercantil Educación Deportiva del Principado para los servicios de socorrismo, salvamento y primeros auxilios, y de otro para la revisión preventiva de equipos de respiración autónoma para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.
Además de estos dos expedientes, el Consejo Consultivo ya ha dictaminado este año otras dos revisiones de oficio del Ayuntamiento de Oviedo. Una de ellas se corresponde a la continuidad de la prestación del servicio de limpieza en el Auditorio Príncipe Felipe y la otra al contrato verbal para el mantenimiento, la conservación y la mejora de espacios verdes y arbolado urbano.
En total, en estos primeros cuatro meses del año, el tripartito ha impulsado cuatro revisiones de oficio, casi la mitad de las diez que sumó en todo el ejercicio precedente, cuando los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA alertaron de que el Ayuntamiento estaba abusando de la regularización de la contratación verbal por esta vía.
Las administraciones venían recurriendo al reconocimiento extrajudicial de obligaciones para abonar las facturas correspondientes a compromisos de gasto que no fueron debidamente adquiridos hasta que, hace tres años, la Sindicatura de Cuentas alertó de que el procedimiento a seguir en ese tipo de casos nulos de pleno derecho era la revisión de oficio, para la que resulta preceptivo un dictamen del Consejo Consultivo que confirme la nulidad del acuerdo y deje vía libre para abonar las facturas. Los juristas sostienen que este procedimiento solo resulta aceptable de manera muy excepcional y en situaciones de urgencia, ya que atenta contra la publicidad y la libre concurrencia. El tripartito achaca el recurso a la contratación verbal a la escasez de personal.
