13 de junio de 2019
13.06.2019

Hacienda manda que se adjudique ya la obra del IES de La Florida

El Tribunal reconviene al Principado por sus "excesivos formalismos" y le ordena que mantenga el contrato a la primera empresa ganadora

13.06.2019 | 00:50

El Tribunal de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha desbloqueado el proceso para la construcción del nuevo Instituto de La Florida. Lo ha hecho al admitir y resolver el recurso presentado por la UTE Iguar-Ceteco contra la resolución de la Consejería de Educación en la que se le retiraba la adjudicación de la obra pese a haber resultado ganadora del concurso público del Principado.

Educación adjudicó el trabajo a la UTE el pasado 22 de febrero, pero al pedirle la documentación necesaria la empresa cometió un error y no pudo presentar en tiempo y forma los avales económicos preceptivos en la Tesorería General de la Seguridad Social. Tenía de plazo hasta el 12 de marzo para presentar esa documentación y así lo hizo, pero había defectos de forma en esos avales de una entidad bancaria de Ponferrada, "errores nimios de transcripción", adujo la empresa. La Tesorería no puede expedir un documento en el que se diga que se ha entregado la documentación, pero que contiene errores, así que no admitió los avales.

La empresa se dirigió ese mismo día a la Consejería de Educación explicando lo ocurrido e indicando que subsanarían el error. La mesa de contratación volvió a reunirse el día 15 de marzo y otorgó a la empresa un plazo de tres días para solucionar el problema. La empresa entregó de nuevo la documentación corregida dentro de ese plazo, el día 18, pero la Consejería no la admitió al entender que era documentación nueva y, por tanto, debía haberse entregado antes del día 12, y no un anexo. Con este argumento la Consejería retiró la licitación a la UTE y pidió a otra empresa que presentase la documentación. Esa segunda empresa renunció y se solicitó información a una tercera.

La UTE recurrió el procedimiento y el pasado 28 de mayo de 2019 el Tribunal de Recursos Contractuales dictó una resolución por la que se acordaba la adopción de la medida provisional consistente en suspender el procedimiento de contratación.

Ahora el Tribunal tira de jurisprudencia y cita a la Audiencia Nacional, que argumenta que "una interpretación literalista de las condiciones exigidas para tomar parte en los procedimientos administrativos de contratación, y un excesivo formalismo que conduzca a la no admisión de proposiciones por simples defectos formales, fácilmente subsanables, es contrario a los principios que deben regir la contratación pública".

Así que la última resolución del Tribunal "exige (a la Consejería) admitir la subsanación en el plazo de tres días de los defectos u omisiones en que se hubiera incurrido al constituir la garantía definitiva (los avales)", y pide que se pongan en marcha "actuaciones a fin que se dicte un nuevo acuerdo de adjudicación partiendo del presupuesto de que la garantía definitiva ha sido correctamente constituida", además de "levantar la suspensión del procedimiento de contratación (a la UTE)".

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