Los cuatro directivos de una asociación cannábica ovetense acusados por la Fiscalía de traficar con marihuana --el presidente, dos vicepresidentes y el secretario-- aceptaron esta mañana una pena de tres años de prisión, 3.686 euros en multas y la orden de clausura de la entidad. Los acusados del primer juicio que se celebra en Asturias contra este tipo de colectivos no entrarán en prisión al no contar con antecedentes penales, pero están expuestos a ir a la cárcel si cometen algún otro delito durante el tiempo que dure la suspensión de la condena. Al tratarse de una sentencia de más de dos años de prisión, la Fiscalía puso como condicionante para suspender la condena que cada uno de los procesados afrontase una multa de 876 euros o que cumpliesen 219 días de trabajo en favor de la comunidad. Todos eligieron la primera de las alternativas.

El presidente de la asociación explicó al salir del juzgado que los acusados aceptaron el acuerdo con la Fiscalía por el riego que tenían de entrar en prisión --inicialmente el ministerio público solicitaba cinco años para cada uno--, aunque asegura que en todo momento pensaron que estaban actuando dentro de la legalidad. "Yo soy consumidor de cannabis, pero en mi vida tuve ni siquiera una multa. Pensábamos que lo que estábamos haciendo era cien por cien legal", explica. De hecho, según su versión, estaban asesorados por un despacho de abogados de Madrid que se dedica a ayudar a quienes quieren poner en marcha este tipo de asociaciones. "Fuimos a una feria de cannabis que se celebró en Irún y allí nos pusimos en contacto con este despacho, que nos hizo todos los papeles y nos asesoraba. Ahora nos sentimos engañados", añade.

La asociación se constituyó en el año 2016, supuestamente con fines botánicos y gastronómicos. No obstante, la Fiscalía considera que "no se ha constatado que los fines sociales coincidieran con lo manifestado en los estatutos de la misma, en relación a un eventual estudio botánico de plantas o desarrollo de actividades gastronómicas y culinarias", sino que "los acusados la constituyeron únicamente para llevar a cabo un cultivo con fines de distribución ilícita, así como para una facilitación efectiva de cannabis a terceros". Por ello, lo considera "un delito contra la salud pública, en forma de sustancias que no causan grave daño a la salud". El presidente de la asociación no está de acuerdo. "Teníamos un cultivo de interior, pero siempre respetando lo que nos decían los abogados, es decir, un máximo de dos plantas por socio", afirma. Por aquel entonces había unos cien socios.

Los acusados también niegan que hubiese una venta a terceros con intenciones lucrativas. "Sólo se facilitaba cannabis a los socios y un precio consensuado entre todos que variaba en función del coste de su producción (agua, luz, alquiler del local...). Es decir, si el gramo nos salía a tres euros los socios pagaban ese precio", señala el presidente.

El 13 de enero de 2017 los vecinos del entorno de la asociación, situada en el entorno de la Fábrica de Armas de La Vega, denunciaron un fuerte olor a marihuana en la zona. La Policía detectó a siete personas en el local con 9,59 gramos de cannabis. En una inspección posterior se incautaron 270 gramos de cannabis cuando el precio de la marihuana era de cinco euros el gramo. Más tarde la Policía intervino en la plaza de Castilla el coche de otro acusado que decía ser vicepresidente de la asociación con 147,96 gramos, destinados a la distribución de la asociación. La sentencia podría sentar jurisprudencia y afectar al resto de asociaciones que existen en la ciudad. "Existen más de 15, algunas con números de teléfono y direcciones que se pueden encontrar en cualquier parte", asegura el presidente.