01 de octubre de 2019
01.10.2019

Los directivos de una asociación de cannabis aceptan una condena de tres años de cárcel

Los procesados, que no irán a prisión al no tener antecedentes, niegan que hubiese tráfico en el local: "Pensábamos que era cien por cien legal"

01.10.2019 | 01:15
Plantas de marihuana.

Los cuatro directivos de una asociación cannábica ovetense acusados por la Fiscalía de traficar con marihuana -el presidente, dos vicepresidentes y el secretario- aceptaron ayer una pena de tres años de prisión, 3.686 euros en multas y la orden de clausura de la entidad. Los acusados del primer juicio que se celebra en Asturias contra este tipo de colectivos no entrarán en prisión al no contar con antecedentes penales, pero están expuestos a ir a la cárcel si cometen algún otro delito durante el tiempo que dure la suspensión de la condena. Al tratarse de una sentencia de más de dos años de prisión, la Fiscalía puso como condicionante para suspender la condena que cada uno de los procesados afrontase una multa de 876 euros o que cumpliesen 219 días de trabajo en favor de la comunidad. Todos eligieron la primera de las alternativas.

El presidente de la asociación explicó al salir del juzgado que los acusados aceptaron el acuerdo con la Fiscalía por el riego que tenían de entrar en prisión -inicialmente el ministerio público solicitaba cinco años para cada uno-, aunque asegura que en todo momento pensaron que estaban actuando dentro de la legalidad. "Yo soy consumidor de cannabis, pero en mi vida tuve ni siquiera una multa. Pensábamos que lo que estábamos haciendo era cien por cien legal", explica. De hecho, según su versión, estaban asesorados por un despacho de abogados de Madrid que se dedica a ayudar a quienes quieren poner en marcha este tipo de asociaciones. "Fuimos a una feria de cannabis en Irún y allí nos pusimos en contacto con este despacho, que nos hizo todos los papeles y nos asesoraba. Ahora nos sentimos engañados", añade.

La asociación se constituyó en el año 2016, supuestamente con fines botánicos y gastronómicos. No obstante, la Fiscalía considera que "no se ha constatado que los fines sociales coincidieran con lo manifestado en los estatutos de la misma, en relación a un eventual estudio botánico de plantas o desarrollo de actividades gastronómicas y culinarias". El ministerio público sostiene que los acusados "la constituyeron únicamente para llevar a cabo un cultivo con fines de distribución ilícita, así como para una facilitación efectiva de cannabis a terceros". Por ello, considera los hechos como "un delito contra la salud pública, en forma de sustancias que no causan grave daño a la salud".

El presidente de la asociación no está de acuerdo con la postura del Fiscal. "Teníamos un cultivo de interior, pero siempre respetando lo que nos decían los abogados, es decir, un máximo de dos plantas por socio", afirma. Por aquel entonces la asociación contaba con unos cien socios. Los acusados también niegan que hubiese una venta a terceros con intenciones lucrativas. "Sólo se facilitaba cannabis a los socios y a un precio consensuado entre todos que variaba en función del coste de su producción (agua, luz, alquiler del local...). Es decir, si el gramo nos salía a tres euros los socios pagaban ese precio, nada más", señala el presidente. La sentencia podría sentar jurisprudencia y afectar al resto de asociaciones que existen en la ciudad.

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