13 de octubre de 2019
13.10.2019

Hacienda desbloquea el contrato para la ayuda a domicilio de la zona rural

El servicio llega a unos 150 usuarios y su renovación había sido impugnada por una empresa

13.10.2019 | 01:01
Un equipo de atención a domicilio.

El Ministerio de Hacienda, a través del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, acaba de desbloquear la contratación de la ayuda a domicilio para la zona rural del municipio, al desestimar el recurso presentado por una empresa cuya oferta había sido excluida del concurso convocado por el Ayuntamiento para cubrir este servicio. El proceso de contratación para darle continuidad a la ayuda estaba paralizado desde el pasado mes de julio, a la espera de que se produjera el fallo del tribunal de recursos, que da ahora la razón al Consistorio.

La ayuda a domicilio en la zona rural llega a unos 150 usuarios de Latores, Caces, Las Caldas, Sograndio, Santa Marina, San Claudio, Brañes, Loriana, Fitoria, Limanes, Pando, Naves, San Esteban, Mercadín, La Manjoya, Villapérez, La Granja, Llugarín y La Quintana. El presupuesto estimado del contrato, para un periodo de cuatro años, se acerca a los seis millones de euros.

Por lo que respecta a la ayuda a domicilio en la zona urbana, el gobierno local formalizó en agosto el nuevo contrato, con vigencia hasta 2023 y una inversión global de casi 16 millones para la atención a unas 800 personas mayores de la ciudad que residen solas, o acompañadas de otros ancianos.

La renovación del servicio de ayuda a domicilio está siendo tortuosa. Los contratos tanto para la zona rural como para el casco urbano quedaron paralizados por primera vez el pasado mes de abril, también a instancias del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. El Ministerio de Hacienda tomó esa decisión atendiendo al recurso presentado por la Asociación Estatal de Servicios de Atención Domiciliaria contra los pliegos de licitación de los contratos, concretamente contra el hecho de que las empresas aspirantes tengan una "política de retribución que conlleve una mejora salarial" se considere como "criterio de adjudicación de carácter social" en la convocatoria elaborada desde el área municipal de Atención a las Personas.

Este revés hizo que el tripartito lanzara de nuevo los contratos por el trámite de urgencia. Posteriormente, y ya aludiendo a la "emergencia" de la situación, la Junta de Gobierno aprobó el 24 de mayo la prórroga de los contratos en vigor, cuya vigencia expiraba a comienzos de junio, para, a la vista de los retrasos, prestar el servicio en julio.

Con unos nuevos pliegos elaborados para salvar las reticencias de la asociación estatal de empresas del sector, la renovación del contrato para el casco urbano pudo completarse en julio. No corrió la misma suerte el de la zona rural, que sufrió una nueva paralización a la espera de que el tribunal decidiera sobre otro recurso, el de la empresa privada descontenta con su exclusión del concurso que acaba de ser desestimado por el tribuna administrativo de Hacienda. La decisión deja vía libre al Ayuntamiento para retomar la licitación.

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