Los especialistas en relaciones laborales reunidos ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA coincidieron ayer en reclamar una reducción de la temporalidad en la Administración. El objetivo sería clarificar la situación de los trabajadores indefinidos no fijos, un colectivo numeroso en el sector público asturiano.
Celestino Pérez, abogado, miembro del servicio jurídico de la corriente sindical CSIF y uno de los responsables los sectores de Administración autonómica, Universidad y elecciones sindicales aseguró que la Administración no tiene la potestad de declarar si un trabajador laboral es indefinido o fijo si no hay una sentencia de por medio.
Marcos Óscar Martínez Álvarez, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Asturias, explicó que durante la crisis se disparó la contratación temporal de trabajadores en la Administración, en el periodo comprendido entre 2008 y 2015. "Uno de los grandes problemas es que no se controlan los contratos, y eso crea dificultades. Es necesario comprobar si un contrato es lícito o no", aseguró.
El presidente del Colegio de Graduados también destacó el crecimiento exponencial de la temporalidad entre los empleados públicos. "Otra medida preventiva importante es aplicar la responsabilidad sobre quien toma decisiones abusivas. Hay que establecer un periodo más corto de selección de las plazas vacantes", señaló el laboralista.
Daniel Álvarez Rodríguez, licenciado en Derecho, funcionario de carrera y actual director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Avilés, hizo un recorrido desde el origen del indefinido no fijo en España, que data del año 1964. Hasta ese año, la función pública era monopolio de los funcionarios. "La Constitución establece que los laborales fuesen excepcionales en la Administración, pero no ha sido así; habría que volver a la situación previa a 1964", indicó Álvarez.
En España los laborales se rigen por convenios colectivos y por el Estatuto de los Trabajadores. "Van a los Juzgados de lo social, que no entienden ni comprenden la Administración. Es una anomalía jurídica", añadió.
La mesa estuvo presentada por María José Fonseca, vicepresidenta de la Unión Autonómica de CSIF. El acto se enmarcó en el acuerdo suscrito entre el Colegio de Graduados Sociales de Asturias y el sindicato CSIF, fruto del cual se realizan diversas charlas en las que se abordan problemas de actualidad en el ámbito laboral.
