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Trubia gana peso en el comité nacional de Santa Bárbara, que se forma esta semana

La empresa informará a los nuevos representantes sindicales sobre las expectativas para tratar de mantener el contrato de los nuevos 8x8

Vista general de uno de los accesos a la fábrica de Trubia.

Vista general de uno de los accesos a la fábrica de Trubia. IRMA COLLÍN

Arranque del año crucial para la Fábrica de Armas de Trubia y para el futuro de la industria en el municipio y la región. Tras el jarro de agua fría que supuso, en los últimos días de 2019,la renuncia por parte de Defensa a suscribir el contrato directo de adjudicación

En total, serán siete representantes (el número guarda relación con los sindicatos, no con las fábricas) y se espera, según fuentes de los trabajadores, que al menos cuatro procedan de la fábrica de Trubia. Así, la villa cañonera cobra un peso especial en el máximo órgano de interlocución con General Dymanics en un momento especialmente crítico.

En este sentido, dentro del sector se apuntan a distintos escenarios. De una parte, varias fuentes apuntan al ejemplo de los 227 blindados Piranha V que Rumanía ha contratado también a General Dynamics European Land Systems. En este caso, los rumanos, a diferencia del Gobierno español, han puesto condiciones más laxas (en equipamiento, variantes del vehículo o en la exigencia, en España, de que todos los desarrollos sean nacionales, siempre más caros). Esa opción, que Defensa rebaje las exigencias, es una de las posibilidades ante el anuncio de un nuevo proceso de contratación pública.

Por otra parte, como marco de esperanza para Trubia, se esgrime la vigencia del otro contrato que Santa Bárbara desarrolla junto con Indra y Sapa para el desarrollo de cinco demostradores 8x8 que tendrán que servirse en mayo y que la Legión probará durante cinco meses. Estas fuentes aluden a que, por más que se trate de programas diferentes, no tiene mucho sentido que el Ministerio se gaste 91,96 millones en cinco vehículos de prueba desarrollados sobre el modelo de Santa Bárbara si, luego, entrega en concurso público el contrato principal a otro fabricante. En ese caso, el contrato de los demostradores acabaría resultando tanto como tirar esos 92 millones de euros a la basura, pues habría que volver a fabricar prototipos para que el Ejército los probara.

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