La DGT ha reconocido su error y devolverá el dinero a los conductores, pero las multas de seguridad vial prescriben a los cuatro años, con lo que los conductores multados antes de 2016 no recuperarán lo pagado. Para Dacio Alonso, esto no tiene sentido, y por eso ha pedido a la DGT la apertura de ese procedimiento extraordinario para devolver el dinero también a los sancionados en los nueve años anteriores. Además, la UCE se dirigirá al recién nombrado ministro de Consumo, Alberto Garzón, para pedir una modificación legislativa.

"Queremos que el ciudadano pueda actuar legalmente ante la Administración, igual que lo hace ante una entidad bancaria", dijo Alonso. "Si un juez declara nula una cláusula abusiva de una hipoteca da igual que el contrato se firmase hace veinte años, el banco está obligado a devolver el dinero, pero en este caso las sanciones han prescrito y el usuario no tiene nada que hacer desde el punto de vista jurídico", explicó. De ahí la petición del cambio legislativo. La Unión de Consumidores de Asturias liderará esta iniciativa a raíz del caso del radar ovetense. Alonso anunció que enviarán una carta al Ministerio, y que no descarta tampoco solicitar una reunión con Garzón.

El radar de La Bolgachina se instaló en 2007. En 2018 el vecino de Ribera de Arriba afincado en Gijón Samuel Morán recurrió una sanción alegando que se le había puesto una multa al ser captado por el radar circulando a más de 90 kilómetros por hora supuestamente en una zona con esa limitación. El conductor demostró que en las fotografías que tomaba el dispositivo de la DGT los vehículos ya habían rebasado la señal de límite de prohibición. En el boletín de denuncia había un error en el punto kilométrico en el que estaba instalado el radar, por lo que la fotografía no era correcta.

Tráfico le dio la razón en aquel momento, pero posteriormente le volvieron a denunciar en dos ocasiones, por lo que emprendió una lucha para demostrar el error de Tráfico. Pidió un informe a la Demarcación de Carreteras que sustentaba su teoría y acabó logrando que la DGT admitiese la culpa y se comprometiese a devolver el importe de las multas, una cantidad que puede rondar como mínimo los 792.000 euros.

Alonso aplaudió la celeridad de la actuación de la DGT para admitir el error, aunque matizó que "han sido tan rápidos por el temor a la denuncia por prevaricación que hace una semana dijimos que íbamos a interponer ante la Fiscalía".

La Unión de Consumidores está satisfecha con lo conseguido, "chapó", resumió Dacio Alonso, pero... Siempre hay un pero. Piden que no exista discriminación entre los conductores multados antes y después de 2016. En ese caso, la cantidad a devolver podría superar los seis millones de euros. Además, el caso del radar de La Bolgachina podría suponer un cambio en la legislación española si el Ministerio de Consumo admite la petición que se le planteará en los próximos días desde Oviedo a Alberto Garzón.