Hay otras alternativas, pero Defensa se inclina por recuperar el contrato del 8x8 al que aspira Trubiaen el que únicamente podrían participar aquellas empresas que cumplan los requisitos del nuevo pliego de condiciones. El Ministerio abre la puerta así a que Santa Bárbara concurra con garantías a este segundo proceso de adjudicación, por cuanto, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, los portavoces de Margarita Robles garantizan un plan industrial en el que se "asegure y preserve las capacidades industriales y tecnológicas nacionales fomentadas por este programa". La propietaria de la planta trubieca es, a día de hoy, la única compañía española que cuenta por sí sola con las competencias necesarias para hacer frente al encargo. Además, lidera la UTE que desde 2015 está trabajando en la fabricación de los prototipos del nuevo blindado.
Los mismos portavoces del departamento que dirige Margarita Robles confirman que lo que no está sobre la mesa es ampliar el techo de gasto, establecido en 2.083 millones de euros para una primera partida de 348 vehículos. Pese a reconocer que la dotación de blindados "sigue teniendo una prioridad alta", las fuentes ministeriales consultadas por este diario subrayan que, dada la complejidad del programa, "no es posible dar ningún plazo estimado". Eso sí, Defensa afirma que "se espera que en las próximas semanas podamos comenzar un nuevo proceso de adquisición que permita dar respuesta a las necesidades del Ejército de Tierra cuanto antes".
Los militares
También se refirió ayer a este asunto el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Francisco Javier Varela Salas, que acaba de ser confirmado en el cargo por Margarita Robles. En el transcurso de un encuentro con periodistas, el alto mando militar aseguró que el programa de los blindados es "una pieza fundamental" y que "sigue adelante", pese a los retrasos que ha ido acumulando y que repercutirán en las fechas de entrega. De momento, afirmó el general Varela Salas, el proyecto sigue en la Dirección General de Armamento y Material.
Tanto el Ayuntamiento de Oviedo como el gobierno del Principado estiman que hay margen para que Defensa pueda adjudicar el programa a Santa Bárbara sin una licitación pública. Un informe jurídico interno ya avaló el pasado año la decisión inicial del Ministerio de Defensa de dar directamente a la filial de General Dynamics el contrato de 2.100 millones de euros para la construcción de la primera remesa de blindados. El documento apelaba a cuestiones de "seguridad nacional. Y es que, para sus autores, ceñirse al contenido de la ley de contratos supondría la revelación de informaciones "contrarias a los intereses esenciales de la Seguridad" y que "pudieran resultar perjudiciales para los intereses esenciales de la Defensa".
Pese al revés que supuso la ruptura del primer acuerdo con Defensa, Santa Bárbara sostiene que sigue trabajando para, llegado el caso, presentar al Ministerio "la mejor de las ofertas".
