Explosivos Alaveses (Expal) cierra la fábrica de municiones de Trubia y aplica el ERE de despido a sus 52 trabajadores, con los que ha pactado un plan social que la plantilla considera "una salida digna". La maratoniana y última jornada de negociaciones, que se alargó hasta la madrugada del viernes al sábado, no sirvió para que la compañía diera marcha atrás ni a su decisión de cesar la actividad en la planta ni para que aceptara retrasar la extinción del empleo, algo que le había pedido expresamente el Principado para ganar tiempo en la búsqueda de soluciones menos traumáticas. Lo único a lo que accedió la representación de la empresa, filial de Maxam (antigua Unión Española de Explosivos), fue a negociar mejores en el plan social propuesto en primera instancia a los trabajadores.

Al final, ese plan queda en 33 días por año trabajado (el mínimo son veinte) más un incentivo que va en función de la antigüedad; veinte recolocaciones en la planta de Burgos, que serán voluntarias y con contratos temporal de seis meses más 500 euros de traslado, así como la creación de una bolsa de empleo por si reabre la planta en el futuro. Además, los dos empleados de más de 55 años accederán a la prejubilación. Expal ocupa desde 2017 el antiguo taller de Quintana de la fábrica de armas trubieca, alquilado al Ministerio de Defensa por un periodo de diez años.

Tal y como avanzó ayer LA NUEVA ESPAÑA, la representación empresarial y la de los trabajadores, reunidas desde por la mañana en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), llegaron a un principio de acuerdo sobre el plan social cuando ya estaba avanzada la noche del viernes. Fue después de que la compañía se negara a mantener activa la planta, aunque fuera a medio gas, o a suspender el ERE. Ese acuerdo fue aprobado de forma unánime por la asamblea de trabajadores en Trubia y quedó cerrado de madrugada.

Tras la intensa actividad del viernes y tras un mes de lucha, el presidente del comité de empresa, Javier Rodríguez, sostenía ayer que la plantilla acudió a la negociación "con las manos atadas" como "esclavos de la reforma laboral".

"Es una pena que una planta rentable como ésta cierre por culpa de la reforma laboral y se acabe dejando en la calle a los trabajadores", subraya Javier Rodríguez, que agradece los numerosos apoyos que ha recibido la plantilla durante las últimas semanas. Pese a ese respaldo social, los cálculos e intereses políticos impidieron que los trabajadores abocados al despido pudieran esgrimir ante la dirección declaraciones institucionales de apoyo a sus reivindicaciones por parte de la Junta General y del Ayuntamiento. En el caso de Oviedo, el PSOE se descolgó porque el texto propuesto reclamaba la implicación de los gobiernos de Adrián Barbón y Pedro Sánchez.