El Gobierno central tiene previsto aprobar este mes un nuevo decreto para regular las exportaciones de armamento español, especialmente a países considerados "de riesgo" como Arabia Saudí o los Emiratos Árabes. Su objetivo primordial es establecer medidas de verificación para que las ventas se destinan a los usos previstos y no se desvían a zonas de conflicto o a combatientes irregulares.

El retraso en la aprobación de este reglamento se ha traducido en una ralentización, cuando no paralización, de las exportaciones de armamento a Arabia. Explosivos Alaveses (Expal), que acaba de aplicar un ERE de extinción de contratos para los 52 trabajadores que tenía en su fábrica de Trubia, es una de las compañías del sector que se han visto afectadas por esta circunstancia. Sin ir más lejos, la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso, el organismo encargado de autorizar las transacciones internacionales, le denegó el mes pasado una licencia para vender a Arabia Saudí un pedido de bengalas iluminantes. El contrato estaba valorado en 3,5 millones de euros y hubiera podido aliviar la situación de la fábrica de la compañía en Trubia, donde ya tenía planteado el ERE. Pese a que se trata de material no letal, la Junta decidió paralizar la operación de Expal, sobre la base de que en estos momentos no es oportuna la venta de munición a Arabia debido a que está en la guerra de Yemen.

Sin embargo, sí se dio licencia para cinco corbetas de guerra que Navantia construye para Arabia en Cádiz. Se trata de un pedido de 1.800 millones de euros defendido por el alcalde gaditano de Podemos, José María González ("Kichi"), pese a que la postura de su partido nacional era contraria.