Los Juzgados asturianos recibieron desde el día 15 de abril (fecha en la que se permitió el envío de asuntos que no fueran actuaciones urgentes o inaplazables) hasta el 22 de abril cerca de 8.000 asuntos en las distintas oficinas de reparto de los decanatos con más volumen de asuntos del Principado. De ellos, 1.207 fueron demandas. El TSJA recibió 169 escritos y la Audiencia Provincial 180, mientras que el partido judicial de Oviedo registró un total de 2.579 escritos.
En la actualidad, tras acordarse por la Sala de Gobierno el fin de los turnos rotarios de jueces, cada magistrado despacha ya sus propios asuntos bien de manera telemática (conectando con su ordenador por control remoto) o presencial. Para el presidente del TSJA, Jesús Chamorro, se deberían suministrar los equipos de protección individual y colectiva que hasta ahora no han llegado de forma suficiente a todos los partidos judiciales, la Audiencia, el TSJA o Fiscalía.
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Oviedo reclama que se le preste mayor atención al colectivo de los letrados en el diseño de esta nueva puesta en marcha del servicio de justicia en España y en Asturias. "A la Abogacía no se le ha escuchado, los 83 colegios de España hemos estado trabajando en la redacción de una serie de medidas de carácter normativo y organizativo que deberían ser tomadas en cuenta".
Los procuradores relatan problemas similares. El BOE publicó el sábado un documento de once páginas con instrucciones sobre la vuelta a la normalidad en los Juzgados, un plan de "desescalada" de la administración de justicia que tampoco parece convencer a los juristas. "Llevo una hora al teléfono con el Juzgado de Grado para informarme y no saben nada. Una funcionaria se encontró una cinta tipo baliza en el suelo y no hay mascarillas ni mamparas. Me gustaría saber si puedo ir allí a hacer unos poderes, pero no hay manera de enterarse", cuenta la procuradora Concepción González. Los abogados y procuradores pueden enviar escritos y también se han dictado algunas sentencias, pero los plazos para recurrirlas o ejecutarlas están en el aire, es decir, todavía no han empezado a correr.
