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La desescalada dispara los gastos y las dudas legales en las comunidades de vecinos

Los administradores demandan directrices específicas para poder celebrar juntas urgentes y se quejan del elevado coste de reabrir piscinas y pistas

La pista de pádel de una comunidad de Ciudad Naranco, ayer, sin actividad. LNE

Las comunidades de vecinos corren el riesgo de endeudarse y enfrentarse a situaciones comprometidas a causa de las medidas de desescalada del estado de alarma emprendidas por el Gobierno. Los administradores de fincas de Oviedo alertan sobre la ausencia de directrices concretas a la hora de reabrir los espacios comunes de las urbanizaciones. Tras numerosas consultas por parte de sus clientes, han constatado la preocupación y el riesgo que corren las cuentas corrientes de las comunidades de vecinos ante la necesidad de acometer gastos, tanto en personal como materiales, para garantizar la desinfección de piscinas y pistas deportivas. Las derramas tienen una alargada sombra en un contexto de incertidumbre económica.

La entrada en vigor de la fase 1 de desescalada llevó a varias comunidades a reabrir sus espacios comunes a lo largo de la semana pasada, especialmente las pistas deportivas, a pesar de que la normativa del Gobierno únicamente hacía referencia a la actividad deportiva profesional y federada. "Estamos un poco desbordados por tener que interpretar tantas leyes en tan poco tiempo", apunta el administrador de fincas Roberto Rodríguez respecto a unas medidas "genéricas" que los dirigentes de las comunidades deben "adaptar a la realidad" del día a día.

El principal problema con el que se encuentran algunos grupos de vecinos es económico. La reapertura de pistas de tenis y de pádel requiere de unos turnos y unas obligaciones de desinfección entre cada uso que puede disparar los gastos en personal y productos de limpieza. "Las medidas de higiene y seguridad son caras y a algunos pueden no salirle los números", indica el vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Asturias, Juan Carlos Bachiller.

A las cuestiones dinerarias se suman las dudas legales. La autorización de reuniones de hasta diez personas no permite celebrar muchas juntas vecinales que requieren urgencia. "Hay muchas dudas legales porque a estas reuniones no se permite acudir a personas de riesgo y la limitación a diez personas no siempre garantiza la representatividad de toda la comunidad", explica Bachiller, poniendo como ejemplo la imposibilidad de convocar juntas para poner calderas de cara al invierno. "Es algo que habría que hacer ya y al no poder acudir vecinos mayores no se pueden celebrar", puntualiza.

Pese a todo, los administradores buscan alternativas como las juntas por videoconferencia cuando los vecinos disponen de los medios, así como delegaciones de voto. "Echamos imaginación para salir del paso, pero las dudas legales están ahí", coinciden administradores de numerosas comunidades de Oviedo.

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