Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), uno de los socios prioritarios de Pedro Sánchez desde la moción de censura contra Rajoy, y Junts per Cataluña (JxCat), la formación del fugado Carles Puigdemont, han puesto en marcha una ofensiva parlamentaria para que el Gobierno renuncie al programa del nuevo 8x8 para el Ejército español. Se trata de un contrato clave para el futuro de la Fábrica de Armas de Trubia y que, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado febrero, permitirá la creación de 375 empleos durante los tres próximos años en la planta asturiana de Santa Bárbara. La estrategia del separatismo se basa en que, pese a su relevancia para el mercado de trabajo nacional en unos tiempos especialmente complicados por la crisis derivada de la pandemia, este gasto de 2.100 millones de euros en industria militar debería destinarse a "garantizar las protecciones sociales que se han ido aprobando por decreto y que afectan a millones de ciudadanos". Junts ha reclamado una comparencia de Margarita Robles, ministra de Defensa, para que aclare sus planes respecto al 8x8 y otros programas de modernización de las Fuerzas Armadas, mientras que ERC ha presentado una interpelación en el Congreso contra el plan para el nuevo blindado.
El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias (Podemos), ya se había mostrado este jueves crítico con el gasto en el 8x8, aunque dejó claro también que su formación no va a presentar batalla en su contra y que respetará los acuerdos adoptados por "anteriores gobiernos". "No hay nadie en el Ejecutivo que piense que la prioridad deba ser gastar en tanques o aviones de combate", añadió, sin embargo, Pablo Iglesias, para quien es hora de "empezar a hablar" en el marco de la comisión de reconstrucción del Congreso "de unos nuevos Presupuestos" donde "el centro o la clave de gasto sea proteger a la gente y no comprar tanques".
Once años
Margarita Robles respondió ayer mismo en el Senado a estas críticas, aunque sin nombrar directamente a Iglesias, achacándolas a "un cierto desconocimiento". La Ministra subrayó que los nuevos 8x8, además de una mejora en la seguridad de los militares, también van a generar puestos de trabajo "vitales" para Asturias, Sevilla o el País Vasco. Concretamente, 600 directos y otros 1.600 indirectos, según detalló.
Robles precisó que los 2.100 millones de euros del plan del 8x8 se ejecutarán durante los próximos once años, con una primera partida de 30 millones para su puesta en marcha a lo largo de este 2020. La intención de Defensa es firmar en el tercer trimestre un contrato con Santa Bárbara, Sapa, Indra y Escribano para el suministro de los primeros 348 blindados. El 70% de la fabricación recaerá en la industria española. "Se trata de una apuesta clara por la industria española de defensa" para que sea un "motor dentro de la Unión Europea" y sirva para reactivar la economía en estos momentos", enfatizó la Ministra durante su intervención en el Senado.
La ofensiva del independentismo catalán tiene pocos visos de calar en el nacionalismo vasco, toda vez que Sapa es una firma guipuzcoana y que el plan de Defensa también tiene previsto generar cientos de empleos en esa autonomía.
