El desalojo de dos discotecas durante el pasado fin de semana por supuestos incumplimientos en materia de seguridad sanitaria ha servido para poner en pie de guerra a los empresarios de la noche ovetense. Los propietarios de los locales de ocio nocturno acusan a la Policía Local -y por extensión a la concejalía de Seguridad Ciudadana- de "criminalizar" al sector "para apuntarse tantos" de cara a los ciudadanos y para escenificar que en Oviedo se está cumpliendo la normativa contra la propagación del virus cuando existe "una inacción palmaria" respecto al resto de locales de hostelería diurnos. "Hay una discriminación negativa y conscientemente dirigida contra los locales de ocio nocturno", señala un escrito redactado ayer mismo por el abogado de la Asociación de Empresarios de Salas de Fiestas, Baile y Discotecas de Asturias. El texto firmado por Pedro Fanjul, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, será entregado en el Ayuntamiento en los próximos días.
Los dueños de los bares de copas y de las discotecas de Oviedo aseguran que las intervenciones policiales llevadas a cabo este fin de semana ponen de manifiesto que el sector está siendo perseguido a pesar de que es uno de los mas estrictos con respecto a las medidas de seguridad. "Las discotecas que sufrieron la intervención de la Policía Local los días 27 y 28 de junio cuentan con más medidas de prevención que las requeridas por la normativa y que las que tienen el resto de locales de hostelería diurnos de la región. Las dos discotecas objeto de inspección contaban con medidores de temperatura a la entrada y con todas las medidas de seguridad e higiene dentro del local", recoge el escrito de los empresarios.
Los agentes municipales sostienen que ordenaron el cierre del primero de los locales -situado en la calle del Peso- porque había clientes usando la pista de baile y que clausuraron el segundo -ubicado en la calle Ildefonso Martínez- por un exceso de aforo. Pero esa versión no les cuadra a los hosteleros. "Aunque desconocemos el contenido de las actas levantadas por la Policía Local -sólo sabemos lo que nos cuenta la prensa- podemos afirmar y probar que estas discotecas tenían las pistas de baile inhabilitadas. Las pistas estaban ocupabas por mesas altas e inhabilitadas como tales. Y esto es lo que impone la normativa. Se puede probar lo anteriormente manifestado con las grabaciones que obran en nuestro poder del momento de la intervención de la Policía Local. Por tanto, si algún acta de las levantadas reseña que la pista de baile estaba habilitada, ese acta no reseña la verdad a sabiendas", señala el escrito redactado por el abogado Pedro Fanjul. "Si se quiere argumentar que hubo problemas de aforo y aglomeraciones de gente y que atentaba contra la salud de los clientes, aseguramos que no es cierto. Los locales velaron por el cumplimiento de las distancias de 1,5 metros entre sus clientes y se adoptaron todas las medidas de higiene. No están obligados a más", añade el texto.
En el caso de la discoteca situada en la calle Ildefonso Martínez, que se produjo durante la madrugada del domingo, los agentes de la Policía Local desalojaron a 268 personas. El local tiene un aforo establecido de 308 personas a distribuir entre sus tres plantas, pero la versión ofrecida por la concejalía de Seguridad Ciudadana para justificar la intervención se basa en que los responsables del negocio mantenían cerradas a esa hora dos de las plantas y en que los clientes estaban apiñados en una sola de las estancias. También recoge el acta que había personas bailando e incumpliendo las medidas de distanciamiento. "El aforo no se sobrepasaba en ninguno de los dos locales inspeccionados. Ambos son enormes y cuentan con mucho aforo. No es cierto que esos locales tuvieran partes de sus superficies cerradas. Cosa distinta es que, como por desgracia hay muy poca clientela, esta se reúna en una parte del local. Pero esto no significa que el local tenga parte de su superficie cerrada al público", asegura el abogado. "Todos los locales de hostelería, sea cual sea su licencia, debe ser igualmente revisados y controlados. Hacer una inspección sectaria y solo limitada a los locales de ocio nocturno es discriminatorio, injusto y conllevará el cierre definitivo de muchos locales", advierte el escrito de los empresarios de ocio nocturno.
