"Existen impedimentos legales" que "exceden de la decisión municipal" y que no permiten abordar las peticiones del Gobierno regional. Así se resume la misiva que acaba de enviar el concejal de Interior de Oviedo, Mario Arias (PP), a la consejera de Presidencia, Rita Camblor, en respuesta a una previa en la que la responsable autonómica emplazaba a la Administración municipal a que, en aplicación de la ley regional de Memoria Democrática, cambiara cuatro nombres del callejero que considera franquistas. Además, también le pedía que se elimine, por la misma causa, una placa ubicada en el edificio consistorial. En concreto, las calles en cuestión son Fernández-Ladreda, General Yagüe, Yela Utrilla y Marcos Peña Royo, unas denominaciones eliminadas por el tripartito y que el Juzgado mandó reponer.
En el escrito enviado a Camblor, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, Arias recuerda que el grupo de trabajo sobre Memoria Histórica creado en el Ayuntamiento ya no consideró justificado incluir las cuatro calles entre la simbología franquista recogida en el artículo 48 de la ley. Pese a ello, la Junta de Gobierno del tripartito decidió cambiarles el nombre con una motivación al margen de la Memoria Histórica. Aquel acuerdo, añade el concejal popular en su exposición, fue anulado por el Juzgado contencioso-administrativo número 6, decisión ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) posteriormente.
Arias, segundo teniente de alcalde de Alfredo Canteli, subraya también a la Consejera que el propio Juzgado de lo contencioso-administrativo requirió al regidor que diera cumplimiento al auto judicial, lo que se hizo el pasado 31 de enero. "La ley establece, por tanto, que el cambio de denominación de esas cuatro calles no encuentra amparo en la mencionada ley, tal y como reflejan las decisiones judiciales", asegura Mario Arias.
Respecto a la placa del edificio consistorial, Arias apunta a la existencia de un dictamen del propio Principado en el que se deniega su retirada. Ese documento indica que se trata de "una inscripción de carácter enunciativo que se centra en la historia constructiva de un bien en concreto, como es el edificio del Ayuntamiento de Oviedo, y que cuenta con protección integral dentro del conjunto histórico de Oviedo, declarado Bien de Interés Cultural, con lo que le sería de aplicación la excepción prevista en el artículo 15.2 de la ley 52/2007".
Arias también destaca que el citado dictamen reseña que con la retirada "se causaría un daño innecesario en el edificio", sin que el texto incluya menciones de exaltación de la sublevación, la guerra o la dictadura. "Es el criterio del Principado el que impide la retirada de esta placa", concluye el edil ovetense en su réplica a Camblor.
