El portavoz del PSOE de Oviedo y exalcalde, Wenceslao López, ha asegurado estar "perplejo" por la petición de la Fiscalía de 9 años de inhabilitación para el anterior equipo de gobierno por un presunto delito de prevaricación en la autorización del mercado de Gascona.

Según ha dicho, se trata de una "agresión" a la "dignidad" y a los "principios" en la gestión de lo público de los concejales que formaban parte del tripartito de PSOE, Somos e IU, y por ello ha manifestado su "rechazo total y absoluto" a la acusación.

En declaraciones a los medios, López ha recordado que este evento se autorizó en el año 2018 con los mismos informes técnicos que en 2014 y 2015, cuando el PP todavía ostentaba la Alcaldía del Ayuntamiento de Oviedo, unas ediciones contra las que no se ha iniciado ninguna actuación.

Por este motivo, entiende que el cambio de posición del Ministerio Fiscal en la organización del mercado de Gascona de 2018 se debe al "cambio de color del gobierno".

En su intervención, ha lamentado que "los más de 300 millones despilfarrados en los 25 años anteriores en Oviedo" no hayan merecido ninguna acusación, mientras que una decena de concejales del tripartito se enfrentan a 90 años de inhabilitación por autorizar un mercado de productos ecológicos y artesanos que "no produjo ningún daño ni beneficios a nadie".

Para el portavoz socialista, esta acusación supone "un duro golpe", sobre todo después de que la Fiscalía archivase el caso anteriormente hasta en dos ocasiones.

Asimismo, ha criticado que los acusados no hayan sido informados directamente y que hayan tenido que enterarse por los medios de comunicación de la petición del Ministerio Fiscal.

A su juicio, el escrito de la Fiscalía está llena de "imprecisiones e incongruencias", ya que señala que la autorización es contraria a la ordenanza de Espacios Públicos de 2017 y a la de venta ambulante de mercados de 2005, unos criterios que sí sirvieron para autorizar el mercado desde 2014.

López ha reiterado que los informes técnicos "no eran negativos" y que no advertían de la necesidad de motivar la autorización, por lo que ha rechazado la acusación de la Fiscalía calificándola de "improcedente".