El edil de Economía, Javier Cuesta, repasa en su despacho el "acuerdo entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)", y no ve por ningún sitio las supuestas bondades que traerá para la Administración local, ni lo traduce en los términos de que les dejen gastar, como pedían, los ahorros no gastados de años anteriores, el dichoso remanente. Al revés, el Ayuntamiento de Oviedo es uno de los que se alzan en pie de guerra frente a esta medida, anunciada el miércoles "a traición", y denuncia que se trata de una "expropiación en toda regla" de los fondos de los ayuntamientos.
Cuesta denuncia, en primer lugar, las formas. Esta misma semana, explica, la comisión de la FEMP presidida por el alcalde de Alcalá, del PSOE, debatió la moción sobre exigir el derecho a usar los remanentes. "Y no solo no se nos dijo nada, sino que había un acuerdo negociado por Abel Caballero desde el día 12 sin que tuviésemos ningún conocimiento".
Metidos al análisis de cómo el Gobierno central deja utilizar el remanente a los municipios, Cuesta ve, además de una "expropiación", un futuro que puede ser "desolador" para los ayuntamientos. "El Gobierno hace dos cosas. La primera es que me dice que dos terceras partes de ese remanente ya me las devolverá en dos años aunque no nos dice cómo. La segunda, que esos 5.000 millones que deja gastar a los ayuntamientos españoles solo será, específicamente, en la agenda de sostenibilidad o en dependencia, en cuestiones que no son competencia municipal y que asumimos como impropias, que podríamos no tener problema en gestionar, sí, pero cuando, como establece la ley, nos den recursos que no sean nuestro propio dinero".
Según Cuesta, lo que se pretende al final es que en vez de poder invertir los ahorros municipales en áreas del ámbito local como el empleo, o las infraestructuras, sectores, insiste, que permiten la recuperación económica, "se dediquen a financiar políticas de competencia no municipal".
Otro problema añadido, sigue el edil de Economía, son las condiciones para utilizar esos fondos, más allá del destino específico. Los plazos que permiten utilizar el 40% de ese tercio este año y el 60% el año que viene no permiten a los ayuntamientos, según las cuentas que echa Cuesta, poder gastar ese dinero.
En el caso concreto de Oviedo, en grandes números, hay 70 millones de remanente. Si decidiera darlo todo al plan (el acuerdo establece que en función de lo que se aporte más o menos se podrá gastar) podría recibir 23 millones. De ellos, nueve millones serían para gastar este año. Pero antes debería aprobarse la norma que articula esta medida, y estando ya mediado julio no estaría en vigor antes de octubre. "En un plazo de dos meses es materialmente imposible gastar ese dinero, y no sabemos si entonces ese dinero volvería al remanente, o nos lo expropiarían otra vez o qué". "Con el resto del dinero", razona, "tampoco es muy factible que una Administración local pueda desarrollar por ejemplo toda una política de vivienda en menos de un año". De los 46 millones restantes que, siguiendo con el ejemplo de Oviedo, prestarían al Gobierno central, empezarían a amortizarlo a partir del 2022, pero, subraya, "vienen a decir que siempre que sea posible no recibiremos intereses".
Hay en el acuerdo otras medidas de ayuda más directas, como el fondo que se establece para financiar los déficits que los ayuntamientos hayan podido contraer en los contratos de transporte por la paralización del servicio. También, afea Javier Cuesta, en este caso es una propuesta seria, por lo insuficiente. Más números. El acuerdo plantea 275 millones para este fondo que podrían llegar a los 400 millones. Tomando la medida de que por número de municipios Asturias suele recibir un 2%, se trataría de entre cinco y ocho millones de euros para los municipios asturianos, "cuando solo en Oviedo", concluye, "tenemos ya un agujero de entre siete y nueve millones".
El concejal del PP del Ayuntamiento de Oviedo ve más trampas en la letra pequeña del acuerdo. Por ejemplo, cuando se señala que los ayuntamientos recibirán la liquidación de su parte de los impuestos nacionales a cuenta y sin problema pese a la caída del PIB del 9,2%. "El problema", explica, "es que ahora estamos recibiendo las liquidaciones de los tributos de 2018, pero nada dice de los tributos de 2019 ni de los de 2020, que recibiremos en 2022 y que serán los que se vean afectados por la caída del PIB".
Todo ello confluye para Cuesta en un "triángulo de las Bermudas" económico que amenaza con tragarse las finanzas locales: "Podría darse el caso de que en dos años nos veríamos con déficits severos en áreas muy sensibles como la de transportes, con la no disponibilidad de nuestros propios recursos (los remanentes) y con caídas drásticas de la participación en los tributos del estado. Sería desolador".
En su reflexión final, el concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo deja sobre la mesa dos cuestiones. La primera, la necesidad por invertir los ahorros municipales en políticas generadoras de riqueza y empleo, "¿o es que vamos a dedicar nuestros recursos a todo lo que no tiene que ver con la actividad productiva?", se pregunta de forma retórica.
La segunda cuestión, más en el campo de las sospechas, aunque prefiere dejarlo encima de la mesa, es la de una "curiosa coincidencia". "Resulta que el Gobierno les da a las comunidades autónomas 16.000 millones de euros para sus ámbitos competenciales propios y a las administraciones locales nos obliga a gastar unos 15.000 de nuestros fondos en políticas que no son de nuestra competencia".
