30 de julio de 2020
30.07.2020
La Nueva España

Defensa rechaza la presión independentista contra los 8x8 de Trubia: "Son prioritarios"

El empleo, el desarrollo de la industria nacional y la seguridad de los militares justifican el gasto de 2.100 millones, subraya el Ministerio

30.07.2020 | 01:08
Uno de los prototipos del 8x8, durante una exhibición en Sevilla.

Margarita Robles no se arruga ante la ofensiva desplegada en el Congreso y el Senado por el independentismo catalán para tratar de tumbar el contrato de los nuevos 8x8 para el Ejército, clave para el futuro de la Fábrica de Armas de Trubia. En respuesta a una pregunta de la Cup, en la que la formación radical habla hasta de supuestas investigaciones de tráfico de armas a empresas ligadas al encargo, el Ministerio sostiene que los blindados suponen una "prioridad" para el Gobierno. La generación de empleo, el desarrollo de la industria nacional y la seguridad de los militares españoles son los argumentos esgrimidos para mantener el programa pese a la crisis del coronavirus.

Respecto a las dudas acerca de las compañías con las que se espera firmar el contrato definitivo en agosto, entre ellas Santa Bárbara, propietaria de la fábrica de Trubia, el Ministerio también se muestra tajante sobre su valía. "La selección de las empresas participantes tiene su razón de ser en la protección de los intereses esenciales de Defensa, al permitir retener la autoridad de diseño en España y favorecer una alta participación de la industria nacional en un porcentaje no inferior al 70%". En materia de empleo, el departamento que dirige Robles subraya que la fabricación de los 348 blindados de la primera fase del plan permitirá la creación de 650 puestos directos (más de 300 en Trubia) y alrededor de un millar indirectos.

Margarita Robles también ha defendido en declaraciones públicas y en sus comparecencias parlamentarias los ataques contra el 8x8 de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), uno de los socios prioritarios de Sánchez desde la moción de censura contra Mariano Rajoy, y de Junts per Cataluña (JxCat), la formación del fugado Carles Puigdemont. La estrategia del separatismo se basa en que, pese a su relevancia para el mercado de trabajo nacional en unos tiempos especialmente complicados por la crisis derivada de la pandemia, el gasto de 2.100 millones de euros en industria militar debería destinarse a "garantizar las protecciones sociales".

La Ministra ha replicado a los independentistas que la relevancia del contrato en unos momentos se explica, además de por la necesidad perentoria que tiene el Ejército de contar con los nuevos vehículos, por el efecto económico que generará en Asturias, el País Vasco y Andalucía. Se trata de las tres comunidades autónomas en las que se llevará a cabo la fabricación de los blindados.

Santa Bárbara, Sapa, Indra y Escribano han formado una sociedad específica para llevar a cabo el encargo del Ministerio de Defensa.

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