El PP de Oviedo empleará toda la artillería a su alcance para tratar de frenar el acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda sobre el uso de los remanentes de los ayuntamientos por parte del gobierno de Pedro Sánchez. El Pleno de la Corporación celebrará una sesión extraordinaria el viernes por la mañana en la que, además de dar cuenta de la dimisión de Anabel Santiago (Somos), los ediles analizarán una propuesta de los populares en la que se pide apoyo al recurso de inconstitucionalidad presentado por la dirección nacional del partido. Además, la moción aboga por la reprobación del presidente de la FEMP, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, por haber usado su voto de calidad para sacar adelante el acuerdo con el Ejecutivo, contraviniendo el mandato de la junta de gobierno del organismo.

Ese convenio, definido en un Real Decreto, salió adelante en el seno de la FEMP gracias al voto de calidad del presidente del organismo, ya que solo recibió el respaldo del PSOE. En concreto, el Ministerio de Hacienda ofrece 5.000 millones de euros a los ayuntamientos siempre que pongan sus remanentes a disposición del Estado. En principio, las entidades locales dispondrían de 2.000 millones este año y 3.000 millones en 2021. El resto del dinero de las remanentes se devolvería al 100% en un plazo de quince años, a partir de 2022,

A juicio de los populares, esta iniciativa para movilizar los remanentes supone "un atentado contra la autonomía local reconocida en la Constitución, además de un chantaje inaceptable a todos los ayuntamientos y diputaciones de nuestro país". Es más, a su juicio, el día en que Abel Caballero uso su voto de calidad para dar luz verde al acuerdo con el gobierno, acabando con la tradición de que los acuerdos en la FEMP se adopten por unanimidad o por amplias mayorías, "pasará a la historia como el más infausto para la federación de municipios, institución que representa y debe proteger los intereses de todas las entidades locales, puesto que, por primera vez, se rompía el consenso que siempre había presidido su actuación".

En la moción plenaria, el PP busca también que la Corporación exprese institucionalmente el "profundo rechazo de este Consistorio a cualquier medida del gobierno de España tendente a apropiarse de los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios españoles, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos al Estado a devolver a largo plazo".

El PP también requiere que "se garantice la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público, que es de todos y de cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto".

"Sánchez es el rey del despilfarro y quiere atenazar la capacidad de gestión e inversión de los municipios que, ahora más que nunca, deberían estar en condiciones de utilizar todos sus recursos para atender las necesidades de sus vecinos y para generar actividad económica", afirmó el concejal popular Mario Arias, quien cuantificó en 59 millones la partida total de los últimos remanentes y superávit presupuestarios en Oviedo.

"Ese dinero no puede ser incautado por el Estado; tiene que revertir en nuestros municipios porque, en gran medida, procede de nuestros impuestos", añadió el edil.

El concejal de Economía, Javier Cuesta, también del PP, cargó contra el apoyo de los socialistas al acuerdo. A su juicio, el PSOE ovetense ha sostenido "un silencio vergonzante", desde que Economía empezó a "amenazar en abril con hacerse con los remanentes. "Prefirió mantenerse dócil con sus responsables en Madrid, antes de defender a los ovetenses", afirmó.