El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo y nieto del rector Alas, Leopoldo Tolivar, es cauto y bastante escéptico ante el anuncio de la nueva Ley de Memoria Democrática que el Consejo de Ministros cuenta con aprobar el próximo 15 de septiembre y que promete anular sentencias "políticas" de la Guerra Civil y el franquismo como aquella que condenó a morir fusilado a su abuelo. "Hay que aplaudir las buenas voluntades pero ser cautos para ver si se quedan en fuegos de artificio o algo tangible", resume. Su familia alberga más esperanzas en otra iniciativa que les llegó directamente hace pocos meses del ministerio de Universidades que preside Manuel Castells. El gobierno de Sánchez quiere revocar la destitución de los tres rectores depurados por el franquismo el título que se les quitó en los años de la Guerra Civil. Son Salvador Vila, rector de Granada, Juan Peset, rector de Valencia, y Leopoldo García-Alas, rector de Oviedo.
Tolivar explica que se ha intentado muchas veces la restitución oficial del título de rector a su abuelo y que pese a que tanto la Universidad de Oviedo como el Ayuntamiento han rehabilitado con honores la figura del rector Alas, sólo un gobierno de España puede quitar y poner rectores. De ahí la importancia del plan que quiere llevar a cabo del ministerio de Manuel Castells.
Que se anule la condena de muerte es otra cosa. Y Tolivar no tiene nada clara las consecuencias, los efectos, incluso la posible validez jurídica de ese acto. "Es que no hay recuperación posible a efectos reales", explica el catedrático. "Aunque se declaren nulas esas sentencias, los encarcelados o fusilados no tienen recuperación. La Ley de Memoria Histórica ya abría la puerta a considerar ilegítimos aquellos juicios y solicitar ese certificado. Pero es papel mojado". Al final, una restitución o reparación por parte del gobierno central se quedaría, dice, "en lo simbólico", porque la nulidad de la condena es imposible al no poder anularse el fusilamiento del rector Alas el 20 de febrero de 1937.
Dado que la restitución moral, sucedidos ya los distintos homenajes y ceremonias de desagravio en Asturias, es lo único posible, Tolivar sí considera que el gobierno central puede, tal y como parece plantear Castells, declarar la nulidad, no ya de la condena o del fusilamiento, sino de la destitución de aquellos tres rectores por razones políticas. En todo caso, Tolivar prefiere esperar a ver qué pasa. "Hay que afinar mucho".
Instituciones y especialistas dedicados al movimiento memorialista, el que trabaja con la Memoria Histórica y para el resarcimiento de las víctimas, aplauden no obstante el espíritu de la nueva ley que el gobierno de PSOE y Podemos se dispone a tramitar de forma inmediata.
El profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, Francisco Erice, señaló ayer que la nulidad de las sentencias políticas franquistas es "una vieja reivindicación del movimiento, pese a los problemas de su complicado encaje legal o lo que planteaban que pudiera pasar tras la anulación en los tribunales por la petición de compensaciones". "Desde el punto de vista general", explicó Erice, "me parece justo que así sea, que las sentencias de tribunales que juzgaban sin ningún tipo de garantías y sin posibilidad de defensa y con el fallo escrito de antemano, se anulen ahora en condiciones democráticas. Me parece bastante justo".
Laura Díez, del colectivo "Trece Rosas", también mostró su apoyo al nuevo proyecto de Ley de Memoria Democrática, por más que todavía no se conozcan los detalles del anteproyecto. "Estamos de acuerdo de este tipo de anulaciones", explicó ayer Díaz. "Se realizaron en una época sin ninguna garantía elemental en los procesos, y ahora tienen que ser anuladas. Esperemos que ley sea para bien y que permita que de una vez se cierren todas esas heridas que siguen abiertas", concluyó.
