Los tres concejales del equipo de gobierno que negociaron abonarles una paga de 1.300 euros a 64 policías locales para compensar un supuesto exceso de horas de trabajo -un dinero que los agentes tendrán que devolver después de un juez haya considerado el acuerdo nulo de pleno derecho- lo hicieron para ahorrarle dinero al Ayuntamiento y a los ovetenses. Al menos eso es lo que se recoge en un comunicado hecho público ayer por parte del equipo de gobierno, un documento que trata de explicar una actuación que en su momento le supuso al Consistorio un gasto de 83.300 euros.

"Como queda claro en la propia sentencia, lo único que ha buscado este equipo de gobierno ha sido conseguir un acuerdo extrajudicial para resolver un conflicto y tratar de salvaguardar así los intereses municipales que, de seguir adelante con las reclamaciones judiciales, podría desembocar en una cuantiosa indemnización de más de 400.000 euros. Y, como queda demostrado en los expedientes municipales, en todo momento se actuó sin ningún reparo o advertencia de los servicios municipales correspondientes", recoge el texto.

El origen de la polémica paga extra hay que buscarlo en el año 2015, cuando siete integrantes del sindicato SIPLA fueron a los Juzgados para exigir que se les pagaran las horas extras que según ellos habían trabajado en años anteriores. El juicio ya estaba visto para sentencia y fue entonces cuando los responsables municipales llamaron a los sindicalistas para ofrecerles sentarse a negociar, pedirles a los trabajadores que no siguiesen adelante con el proceso y firmar un acuerdo extrajudicial. En aquella mesa se sentaron tres representantes del SIPLA y tres ediles del equipo de gobierno: Mario Arias (Personal), Javier Cuesta (Economía) y José Ramón Prado (Seguridad Ciudadana). "Ellos sabían que la sentencia no iba a ser solo para siete personas, sabían que íbamos a ganar y que el fallo se iba a hacer extensivo a toda la plantilla, por lo que iba a ser mucho más dinero que el que finalmente cerraron", explican fuentes conocedoras de lo ocurrido en aquel encuentro. "El sindicato cedió y bajó las cantidades que realmente había que cobrar porque también se negociaron otras mejoras para la plantilla", añaden esas fuentes.

El sindicato CSIF y el PSOE acudieron a los tribunales por lo que entendían que era una "cacicada", ya que por un lado se dejaba fuera de esta mejora al resto de los agentes y por otro "esos excesos no estaban justificados". La sentencia que echa abajo el acuerdo deja muy claro, entre otras cosas, que lo que debería haber sido una negociación de todos los sindicatos se convirtió en un acuerdo exclusivo con el SIPLA. "Como el propio magistrado señala en la sentencia, la actuación de este equipo de gobierno no puede criminalizarse", explica el comunicando. "Es decir, resulta evidente que se ha actuado en todo momento de buena fe y con la intención de resolver una situación en beneficio de los intereses municipales. Tal es así que el propio magistrado recoge que nada de lo examinado por este Juzgado exige que se dé cuenta al ministerio fiscal", añade el texto.

¿Y por qué ese acuerdo solo benefició al SIPLA y a sus afines? "El acuerdo se alcanzó con la organización sindical que inició el pleito con siete de sus afiliados y que mantenía que lo extendería a todos sus 64 afiliados afectados en la plantilla de la Policía Local. Desde el primer momento, este equipo de gobierno se mostró favorable a hacer extensivo este acuerdo al resto de policías que estuvieran en la misma situación, tal y como planteaba el sindicato demandante, y así se trasladó a la representación sindical en la Mesa General de Negociación de Funcionarios y Laborales", recoge el comunicado del Ayuntamiento.

El equipo liderado por Canteli también hizo alusión al anterior tripartito, el integrado por PSOE, Somos e IU. "La prueba de que la vía seguida por este equipo de gobierno entra dentro de lo razonable es que el gobierno municipal anterior liderado por el tripartito también intentó llegar a un acuerdo extrajudicial, solicitando al sindicato una suspensión del juicio. Finalmente, no fueron capaces de plasmar el acuerdo, lo que motivó que se reanudara el pleito", dicen. "Este equipo de gobierno ha intentado desde el primer día normalizar la situación interna del área de Seguridad Ciudadana, tradicionalmente tensionada por la confrontación entre sindicatos y por el sesgo político sectario impuesto por el anterior concejal del área en sus relaciones con mandos y personal. No es tarea fácil, como lo demuestra la insistencia, siempre de las mismas personas, en tratar de generar conflictos", añade el comunicado.