Lucas BLANCO

El gobierno tripartito contrató seis conciertos entre 2016 y 2019 a la artista Anabel Santiago a pesar de estar prohibido. Un informe firmado por la jefa adjunta del servicio de Interior del Ayuntamiento apunta que la cantante, que no lo hizo a mala fe, se benefició de varios contratos menores de la concejalía de Participación Ciudadana que dirigía Ana Taboada, de Somos, antes de que Santiago se convirtiese en concejal de esa formación en 2019. El documento señala que este movimiento no estaba permitido al ser la cantante trabajadora laboral del Consistorio desde 2009, donde ejerce como monitora de tonada. En el mismo documento se da por probado que la ya exedil, que en agosto dimitió por diferencias con la propia Taboada, presentó una declaración responsable con datos falsos por la que propone imponerle un castigo administrativo que le impida optar a contrataciones municipales en un año.

El documento, encargado por el nuevo equipo de gobierno a raíz de una auditoría que desvelaba posibles irregularidades en la contratación de la romería del Cristo de 2018, hace referencia a varias normativas como la Ley de Contratación del Sector Público para sostener que Anabel Santiago no puede ser contratada por el Consistorio al formar parte de su plantilla.

La funcionaria encargada del caso indica que Santiago no solicitó la compatibilidad para acceder a los contratos, si bien deja claro que, aún recibiendo el visto bueno, no podría acceder a los mismos, puesto que la ley solo permite formalizar contratos con otras administraciones distintas de la que autoriza dicha compatibilidad.

En el escrito se da por probada la falsificación de datos en la declaración responsable presentada por la cantante en agosto de 2018 en la que aseguraba no tener prohibido el acceso a contratos del Consistorio. De todos modos, el informe técnico también descarta la existencia de dolo o mala fe por parte de Santiago, por lo cual propone un castigo de un año sin poder contratar, a sabiendas de que dicha prohibición seguirá existiendo mientras sea trabajadora municipal. La funcionaria rechaza dar nulidad a los contratos, pues ve imposible devolver los servicios pactados entre las partes.