Finalmente, el Ayuntamiento no obligará a los dueños de perros a identificar genéticamente a los animales y tampoco creará una base de datos que permita rastrear y sancionar a aquellos que no recojan los excrementos de sus mascotas. Con esta medida pretendía llevar a cabo una trazabilidad de las deposiciones caninas y, así, sancionar a aquellos que incumpliesen la normativa municipal. La razón, argumentan desde el Consistorio, viene de la negativa de la Consejería de Medio Rural. En el Principado no ven encaje legal para llevar esta iniciativa a cabo. Según el correo electrónico en el que la administración autonómica comunicó su negativa, el Ayuntamiento no tiene competencias para reclamar los datos suficientes a los dueños de las mascotas como para elaborar el censo que permita la identificación.
