El Ayuntamiento de Oviedo pide tiempo al juez para ejecutar la sentencia que obliga a reponer las 17 calles cuyo nombre se cambió en aplicación de la ley de Memoria Histórica el pasado mandato por el gobierno tripartito integrado por PSOE, Somos e IU. El Consistorio ha solicitado aplazar la aplicación del fallo hasta que una comisión técnica “regional o municipal” aclare si la denominación de los 17 viales cumple con la ley de Memoria Democrática aprobada por el Principado el pasado año. El ejecutivo local busca de esta manera una solución que evite nuevos cambios en el callejero y molestias a los ovetenses. “La prioridad es no generar más perjuicios a los vecinos”, asegura el edil de Interior, Mario Arias.
El juez Miguel Ángel Carbajo declaró la nulidad del cambio de nombre de las calles el pasado octubre al considerar que el grupo de expertos constituido el pasado mandato, “carente de objetividad y pluralismo”, no se había constituido legalmente como órgano colegiado. El fallo daba diez días desde su notificación para que el Consistorio acatase la sentencia y las partes recurrentes (el abogado José María Pérez y la Hermandad de Defensores) así solicitaron que se ejecutase. El Ayuntamiento está dispuesto, pero ha solicitado al magistrado paralizar la aplicación de la sentencia hasta resolver si las viejas denominaciones cumplen o no con la nueva normativa aprobada por el Gobierno del Principado de Asturias el año pasado.
Los temores del Ayuntamiento, y de los problemas que pueda ocasionar dar la vuelta a las calles, tienen que ver con la experiencia en las cuatro calles que inicialmente tuvieron que devolver a su denominación anterior. Y es que el equipo de gobierno de Alfredo Canteli da por hecho que en caso de ejecutar la sentencia y reponer los antiguos nombres de las calles la Consejería de Presidencia, que dirige Rita Camblor, les instará de nuevo a su retirada basándose en la nueva ley autonómica. El edil Mario Arias basa dicha tesis en lo ocurrido con las calles dedicadas a Marcos Peña Royo, Yela Utrilla, General Yagüe y Fernández-Ladreda, cuyo cambio fue anulado por los jueces, fueron repuestas las placas y ahora Presidencia exige su retirada en un plazo de seis meses amparándose en la nueva ley, en este caso de ámbito regional.
En lo que tiene que ver con el requerimiento de la Administración regional, Arias ha remitido una carta a la Consejera exigiéndole estudios que permitan respaldar jurídicamente la retirada de unas placas que fueron repuestas precisamente por un mandato judicial. “Queremos cumplir la ley, pero lo que no podemos es generar más perjuicios a los vecinos”, apunta el concejal, en referencia a los miles de afectados por los cambios en direcciones postales que han generado “numerosos trastornos”.
“La prioridad es no generar más perjuicios a los vecinos”, asegura Mario Arias
Desde el Consistorio no esconden su malestar por la falta de respuestas por parte del Gobierno regional. Se muestran dispuestos a dialogar y llegar a acuerdos consensuados para garantizar el cumplimiento de la ley realizando los cambios necesarios, pero contando con el respaldo jurídico necesario para evitar reveses judiciales que afectaron a las decisiones tomadas por el tripartito el pasado mandato.
Advertencia
Al mismo tiempo advierte Arias en su escrito enviado a Rita Camblor el pasado 20 de noviembre que, en caso de que la orden de Presidencia de retirar las cuatro calles repuestas en enero “no esté lo suficientemente justificada”, llevarán el caso a los tribunales .
En el fondo, la intención de Mario Arias y del gobierno local es dotar a la cuestión de la memoria histórica y las calles de Oviedo de un armazón jurídico a prueba de recursos que aporte seguridad y ahorre quebraderos de cabeza a los vecinos.
Desde el Ayuntamiento están dispuestos a plantear varias fórmulas. No descartan promover a nivel municipal el que sería el tercer comité de expertos constituido para este cometido. El primero se constituyó bajo el mandato de Gabino de Lorenzo y el segundo llegó de la mano del tripartito.
No obstante, también están abiertos a que sea el propio Principado el que constituya su propio comité de expertos para elaborar los informes que blinden los cambios ante posibles acciones judiciales como las emprendidas en su día por el propio Partido Popular, la Hermandad de Defensores de Oviedo y el abogado José María Pérez para tumbar en los tribunales los cambios impulsados por el equipo de gobierno encabezado por el socialista Wenceslao López el pasado mandato.
