El Ayuntamiento quiere “salvar de la piqueta” la nave de la Popular Ovetense, joya de la corona de la Fábrica de Gas. Además, pretende que EDP, propietaria de los terrenos, los entregue urbanizados. La empresa no tendría problemas en hacerlo siempre que en la negociación que mantiene el actual equipo de gobierno para comprar todo el recinto se compense el sobrecoste de estos trabajos. El precio de la fábrica, por tanto, se encarecería “sustancialmente”.
El plan especial vigente desde 2012 (cuando no había ninguna compra pues se trataba de que EDP pudiera construir viviendas) no exigía estos extremos y, por ello, el proyecto que llevan intentando acometer desde 2016, tampoco. Así se lo hizo saber un representante de EDP al Ayuntamiento durante una reunión que mantuvieron la semana pasada. En el encuentro solo se puso sobre la mesa una cifra, los cuatro millones y medio que el tripartito planteó como el precio pactado con la empresa para comprar la fábrica. Pero ahora, según fuentes conocedoras de la negociación, ha trascendido que esa cifra contemplaba el derribo de los tres muros no protegidos de la nave, los otros siete derribos de “estructuras carentes de valor patrimonial” y la entrega de los terrenos sin urbanizar. La concejalía de Infraestructuras y Urbanismo quiere otra cosa e intenta llegar a un acuerdo con la eléctrica para que se le compense por los trabajos “extra”. La solución es la más obvia, poner más dinero.
La conexión de la antigua Fábrica de Gas con su pasado industrial llega hasta sus cimientos. Sus suelos deben ser descontaminados antes de reintegrar el recinto en la ciudad. Acometer estos trabajos es algo a lo que la empresa está obligada por ley, y para lo que ha recibido el apremio del Principado. La parálisis administrativa del Ayuntamiento ha impedido que la descontaminación se llevase a cabo en estos últimos cuatro años. Con el plan especial aprobado desde 2012, EDP planteó su proyecto “por el libro”, respetando lo que señalaba el urbanismo vigente, y ahora le urge acometer la descontaminación, porque el Principado le podría sancionar por no hacerlo. Al Ayuntamiento también le urge que lo haga porque, en caso de llegar la sanción, EDP se la repercutiría al Consistorio por ser el principal culpable del retraso.
En esta situación de parálisis se reavivó una polémica por unos derribos que el responsable del área de Infraestructuras, Nacho Cuesta (Cs), asegura que “también” se iban a llevar a cabo en el proyecto que EDP le presentó al tripartito.
Según afirmó recientemente el anterior concejal del área, Ignacio del Páramo (Somos), la descontaminación de la nave de la Popular a través se podría llevar a cabo sin tirar los muros a través de una técnica conocida como “micropilotaje”. Esta, según el edil morado, encarecería los trabajos unos 120.000 euros. Pero de este proyecto “no hay constancia” en un expediente que consta de “dos correos”, tal y como recuerdan los técnicos de Urbanismo. De momento, pese a todo lo que se ha dicho, EDP no tiene aún la licencia para acometer los trabajos de descontaminación. El problema viene por la urbanización. La descontaminación del suelo, en los términos planteados desde el principio por la empresa, contempla abandonar la fábrica una vez acometidos los trabajos. Los potentes movimientos de tierra dejarían pozos profundos y no incluían una solución para las traídas de aguas que atraviesan el recinto fabril. Por ello, aunque la parte urbanística está resuelta, Infraestructuras negocia con EDP una solución para no dejar la Fábrica de Gas “como una zona de guerra”. Algo que, según denuncia el nuevo gobierno, tampoco había resuelto el tripartito y que no se contemplaban en los cuatro millones y medio de euros que se le pedían como precio. Por urbanizar la Fábrica y entregársela al Ayuntamiento en un estado “presentable”, EDP también pediría más dinero, por lo menos para cubrir los costes.
A fin de proteger el recinto fabril, Izquierda Unida le pidió al Gobierno del Principado, presidido por Adrián Barbón, que paralizase todos los trámites en curso, declarase la Fábrica como Bien de Interés Cultural y adquiriera el recinto. La proposición de declarar BIC la Fábrica a Nacho Cuesta le parece “una barbaridad”. A su juicio, esta protección, además de no proceder, sería contraproducente para proteger los terrenos. En Oviedo, según el edil, hay “varios ejemplos” de que la protección puede suponer una piqueta por omisión, debido a la dificultad que añade a la ejecución de las actuaciones. Dicha protección convertiría la Fábrica de Gas en “otra plaza de toros”. Según el teniente de alcalde, lo que tiene que hacer Oviedo con la fábrica es “mirar hacia delante”. Lo que, explica, significa “ser respetuoso con su pasado, pero no anclarse a él”.
La asociación de arqueólogos pide que se respete todo el conjunto y se declare BIC
La Asociación Profesional de Arqueólogos, Conservadores y Museólogos de Asturias reclama la conservación de la Fábrica de Gas de Oviedo. El colectivo, al hilo de la reciente polémica sobre el futuro del recinto fabril, ha querido sumarse a la corriente de opinión manifestada por varios colectivos y expertos en patrimonio, favorables a la conservación de un conjunto como el de la Fábrica de Gas de Oviedo, que constituye un ejemplo de gran singularidad en la historia industrial de la ciudad y de toda Asturias. En este sentido, desde APACMA, a través de un comunicado hecho público ayer, instan al Ayuntamiento de Oviedo y a la propiedad a reconsiderar los planes “que apuestan por cercenar la integridad del complejo, conservando tan solo alguna de las partes de lo que es un todo patrimonial, y a primar los intereses de conservación de la herencia colectiva frente a los económicos”. “Ni el cortoplazismo guiado por las estrecheces presupuestarias ni los intereses especulativos pueden en ningún caso anteponerse a los intereses colectivos ni al respeto al patrimonio cultural de una ciudad que desgraciadamente tiene que lamentar demasiadas pérdidas en el pasado”, denuncia el colectivo. Asimismo, APACMA apela a la responsabilidad que corresponde a la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias, presidida por Berta Piñán, para que actúe, en el marco de sus competencias, y adopte las medidas oportunas para garantizar la conservación del conjunto patrimonial, incluyendo la nave de la Popular Ovetense. “Tales actuaciones deberían a nuestro entender, al menos, considerar las potencialidades arqueológicas del subsuelo en el proceso de descontaminación y valorar su declaración como Bien de Interés Cultural”, concluye el comunicado de la Asociación de Arqueólogos, Conservadores y Museólogos de Asturias.
