El intento de Izquierda Unida y de Podemos de abrir un boquete en el armazón de la entente cordial entre el gobierno municipal de Alfredo Canteli (PP) y el del regional de Adrián Barbón (PSOE) a cuenta del futuro de la Fábrica de Gas se quedó en nada. La moción conjunta planteada ayer en la Junta para paralizar el plan especial vigente y los trabajos de descontaminación, reclamar un BIC y plantear que un consorcio con participación regional y local adquiriera el conjunto fue rechazada mayoritariamente, con solo los seis votos de IU y Podemos a favor.
Pese a que los socialistas locales han apoyado las campañas lanzadas por distintas plataformas para urgir la protección del patrimonio industrial concentrado entre las calles Postigo, Paraíso y Azcárraga, la diputada socialista Noelia Macías basó el rechazo de su grupo en unos argumentos similares a los que, en el Ayuntamiento de Oviedo, ha reiterado en varias ocasiones el concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta: que el plan vigente fue legalmente aprobado con el informe favorable del Consejo de Patrimonio, que la descontaminación es un proceso reglado –y sobre los derribos que implique tendrá que pronunciarse Cultura, pero es una obligación legal– y que plantear un BIC no implicaría anular la normativa vigente. Son cuestiones, resumió Macías, “que es allí, en el Ayuntamiento, donde corresponde debatirlas y tratarlas”. En esa conclusión es en la que la diputada coincidió con sus camaradas ovetenses. Fuentes del Grupo municipal Socialista indicaron que no había desajuste: “Nuestra posición”, explicaron, “es que la solución está en manos del equipo de gobierno municipal y pasa por alcanzar un acuerdo de compra con EDP y que se proceda a la descontaminación de acuerdo con unos criterios fijados por el Colegio de Arquitectos; pero la solución está en manos del equipo de gobierno y del Ayuntamiento”.
De nada valió que la portavoz de IU, Ángela Vallina, apelara a su experiencia como alcaldesa de Castrillón con el castillo de Gauzón y la mina de Arnao y recordara la destrucción de patrimonio local en la capital, como sucedió con la estación del Vasco. Vallina sí habló de La Vega, aplaudió el proyecto que se está fraguando entre las administraciones apoyado por la Cámara y pidió que con la Fábrica de Gas se repitiera el esquema. El problema, resumió, es que hay “un peligro inminente de que los intereses privados se adueñen de nuestro patrimonio común”. Desde Podemos, Rafa Palacios defendió que la Fábrica de Gas es un patrimonio “único en España” y argumentó que la figura del BIC es la más operativa para estos casos.
Además del PSOE, el resto de grupos parlamentarios mostró su rechazo, más tibio en el caso de Foro, que se abstuvo, y más beligerante en el caso del PP, que afeó a las fuerzas proponentes no haber instado a modificar la situación de la parcela cuando gobernaban en el Ayuntamiento de Oviedo. Muy pragmático y en contra del “conservacionismo asimétrico” (“se cortan y tiran cruces cristianas a la basura y se impiden que se construyan viviendas”) se mostró el diputado regional de Vox Ignacio Blanco, en una posición muy alejada de la mostrada en el Ayuntamiento de Oviedo por la portavoz de su mismo partido, Cristina Coto, más proclive a aumentar la protección del conjunto. Ciudadanos también se alineó con la posición expresada por los socialistas.
