Tratar a las mascotas abandonadas con frialdad, con la buena marcha del negocio en la cabeza, frente a un trato humanizado; o el arte de cuadrar las cuentas, contra un derroche de amor animalista. El albergue de animales de La Bolgachina es noticia, pero no por la mejora de las instalaciones o por el aumento de las adopciones. Desde hace casi dos meses, el servicio es un nido de conflictos laborales, intervenciones policiales y controversias municipales convertidas en un choque de trenes entre dos modelos de gestión antagónicos: la solvencia empresarial del nuevo gestor frente a la ideología animalista de los voluntarios.
Para llegar a la raíz del problema hay que remontarse a cuando la izquierda gobernó Oviedo en tripartito (2015-2019). El grupo de Somos, brazo municipal de Podemos, tuvo entre sus prioridades darle una vuelta de calcetín al servicio de recogida y atención de perros abandonados: ampliaron y mejoraron las dependencias de La Bolgachina y abrieron sus puertas al trabajo de voluntarios. Personas comprometidas con el movimiento animalista se convirtieron en un refuerzo de lujo para la contrata municipal y dieron un vuelco al funcionamiento de una perrera, entonces desbordada por centenares de mascotas abandonadas.
La implicación de los particulares fue en aumento y propició grandes mejoras. Un ambicioso plan de adopciones, en muchos casos con destino internacional, aligeró la carga de trabajo diario, favoreciendo el cuidado personalizado de los ejemplares enfermos, que en épocas anteriores eran sacrificados con el pretexto de ahorrarles el sufrimiento.
El progreso del albergue de animales —reivindicado por el tripartito y reconocido por el ejecutivo municipal (PP-Cs) surgido de las elecciones de 2019— propició la contratación de algunos de esos voluntarios para reforzar la plantilla de la empresa adjudicataria, la clínica Quirós, que en 2017 se hizo con un contrato de cuatro años de duración, valorado en 1,5 millones de euros y con opción a prórroga.
Las chispas no tardaron en saltar cuando el gerente de la nueva concesionaria, Juan González, coincidió en las instalaciones con Eva Rodríguez, voluntaria que con los anteriores gestores se había convertido en la responsable de facto de las instalaciones
El aumento de protagonismo de los voluntarios trajo los primeros roces con la clínica Quirós que, el pasado diciembre, ejerció su derecho —reconocido en los pliegos del contrato— de subcontratar el servicio. Y se lo cedió al centro La Ería. La decisión levantó ampollas, pues colectivos animalistas integrados por los propios voluntarios de La Bolgachina ya habían denunciado “malas prácticas” de La Ería en su gestión de otras perreras como la de Mieres.
Las chispas no tardaron en saltar cuando el gerente de la nueva concesionaria, Juan González, coincidió en las instalaciones ovetenses con Eva Rodríguez, activista del movimiento animalista desde hace muchos años, fue contratada y nombrada responsable del albergue por Quirós en reconocimiento a su trayectoria. Desde entonces mantuvo una muy buena sintonía con el grupo de Somos, especialmente a través de la entonces concejala de Salud Pública, Mercedes González.
El empresario cortó por lo sano a primeros de enero y despidió a Eva Rodríguez. La decisión avivó las protestas de los animalistas que, cada dos semanas, organizan multitudinarias manifestaciones para protestar contra el nuevo gestor. Le acusan de ser partidario de los sacrificios de los animales heridos o enfermos.
Desde el Ayuntamiento trataron de apagar ese clamor resolviendo el contrato. Pero no fue posible hacerlo. La adjudicación del servicio cumple a rajatabla con las condiciones de la licitación, y su prórroga por un año desde el pasado 31 de enero resultó inevitable. De no aceptar dicha renovación, el equipo de gobierno se exponía a dejar sin cobertura un servicio que actualmente atiende a 57 perros y tres gatos.
La alternativa de los mandatarios locales: otra vuelta de tuerca. Nacho Cuesta (Cs), teniente de alcalde, sensibilizado con la causa canina y a cuyas siglas corresponde la responsabilidad en Salud Pública, donde se encuadra el albergue, propone un solución salomónica: contratar a la responsable despedida y que vigile si la contrata cumple las condiciones. La idea está en trámites, pero de llevarse a cabo supondría reunir de nuevo bajo el mismo techo al patrón con su extrabajadora. Una solución que amenaza con convertirse en una nueva fuente de conflicto. Mientras, perros y gatos maltratados por el destino seguirán pidiendo un trato digno desde sus jaulas.
