Reponer durante unos meses las placas de las 17 calles cuya modificación, en aplicación de la ley de Memoria Histórica, fue tumbada por los tribunales costará más de 8.000 euros y afectará a 5.228 vecinos que estarán obligados a cambiar de nuevo su dirección postal. La factura del coste por estos cambios obligados por la Justicia podría crecer considerablemente, pues el Ayuntamiento ha tenido que formalizar un contrato para reparar o fabricar nuevas placas de bronce que fueron dañadas o destruidas durante su retirada por orden del tripartito en 2018.

El equipo de gobierno municipal ve “muy probable” que la denominación de las calles tenga que volver a ser cambiada y las placas nuevamente retiradas en unos meses debido a las exigencias de la Ley de Memoria Democrática del Principado, lo cual supondrá un doble trastorno para los vecinos en un corto periodo de tiempo. Una situación rocambolesca frente a la que el Ayuntamiento pide “perdón y comprensión” a los muchos ciudadanos afectados. “Lamentamos las molestias que les va a causar la ejecución de la sentencia, pero estamos obligado por ley y se trata de un fallo derivado de la mala gestión del tripartito”, explica el teniente de alcalde Mario Arias.

El anterior gobierno municipal retiró las antiguas placas de bronce en la primavera de hace tres años para sustituirlas por unas de fondo azul y letras blancas que el Consistorio procedió a retirar nada más hacerse firme el fallo. En la última semana se procedió a reponer los antiguos indicadores, si bien la necesidad de reparar y fabricar unas nuevas está complicando que concluya la ejecución de la sentencia.

Las 17 calles afectadas por la sentencia

Cambios de dirección

Paralelamente a la sustitución de las placas, el Ayuntamiento, a través de su departamento de Estadística, procedió a modificar el nombre oficial de las calles. Este cambio afectará sustancialmente a más de 5.000 vecinos que a efectos postales deberán cambiar su dirección para, con casi toda seguridad, tener que hacerlo de nuevo en menos de un año. A este respecto, la calle más afectada será Comandante Vallespín, durante los tres últimos años denominada Gloria Fuertes, pues en la misma están censadas 1.376 personas. La medalla de plata en número de damnificados se la lleva Rafael Gallego (antes Aurora Albornoz), con un total de 873 vecinos y completa el pódium Teniente Alfonso Martínez (Maestras de la República tras la aplicación de la Ley de Memoria Histórica), donde residen en la actualidad algo más de medio millar de ovetenses.

El Ayuntamiento trató de evitar la restitución de las viejas calles solicitando al juez la suspensión de la ejecución del fallo hasta que el Principado tomase una determinación respecto a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática del Principado. Sin embargo, el magistrado denegó la petición y ordenó la ejecución inminente del fallo.