Cinco años después del fatídico incendio de Uría en el que perdió la vida el bombero Eloy Palacio, Oviedo lanzará un contrato con el único objetivo de mantener en perfecto estado de revista los cerca de 300 hidrantes de la ciudad. El concejal de Infraestructuras, el edil de Ciudadanos Nacho Cuesta, defiende esta iniciativa asegurando que era “inaudito” que la red destinada a abastecer a los efectivos municipales en caso de incendio no dispusiera de este sistema de revisión. “Hemos sabido solucionar el problema para mayor seguridad de todos los ovetenses”, reivindica el teniente de alcalde.

El Consistorio alcanzó un acuerdo con la contrata del servicio de aguas, la empresa Aqualia, para poner en marcha una serie de revisiones de los hidrantes y bocas de riego a través de un contrato menor. Por primera vez en tres décadas se realizan revisiones periódicas que luego son sometidas a verificaciones por parte del Ayuntamiento. Las inspecciones incluyen el estado de los hidrantes, el caudal de agua que tienen y el nivel de presión, así como el estado de las bocas de riego del municipio. Con la nueva licitación, por 60.000 euros, se garantizará continuar con este servicio durante 24 meses. “Todos los ciudadanos y del propio cuerpo de bomberos exigían que este análisis se hiciese de manera periódica”, señala Nacho Cuesta.

Por otra parte, la concejalía de Infraestructuras asegura que declarará lesiva la liquidación de 2016 del servicio de aguas con la empresa Aqualia. Según los técnicos de la concejalía, la contrata percibió de manera incorrecta unos 550.000 euros más de los que les correspondían por los servicios facilitados a lo largo del ejercicio. La declaración lesiva de la liquidación es una fórmula que persigue la devolución de ese dinero, respaldándose en informes de los funcionarios consistoriales.

Petición de la oposición

Tanto el PSOE como Somos venían reclamando en los últimos días al Consistorio que exigiese a la contrata la devolución de ese más de medio millón de euros. La portavoz de Somos, Ana Taboada, acusó ayer al número dos del gobierno local de “querer sortear a los técnicos” para favorecer a la multinacional, al igual que la edil socialista Ana Rivas, que instó al ejecutivo municipal a “no dejar prescribir” la reclamación. Fuentes de la concejalía aseguran que la declaración de lesividad ya se tramitó previamente a que ambos grupos de la oposición hiciesen públicas sus peticiones.