“Al menos hasta el final del estado de alarma tenemos poco que hacer por la vía judicial”. La propiedad del edificio “okupado” de la calle Máximo y Fromestano tiene el 9 de mayo marcado a fuego en el calendario. Los promotores de la rehabilitación de los trece pisos que estaban listos para ser vendidos y fueron allanados desde finales del pasado mes de enero por una docena de familias reconocen ser “incapaces” de desalojar a los allanadores a consecuencia de las modificaciones legislativas realizadas por el Gobierno de Pedro Sánchez a principios de año para evitar los desahucios mientras dure el estado de alarma. “Los que generamos empleo estamos indefensos, la legislación les protege a ellos”, indican los administradores de la sociedad.
Los afectados no esperaban hallar tantas trabas para ejercer su derecho a recuperar el control sobre las viviendas vacías. “Denunciamos en menos de 48 horas ante la Policía”, explican para puntualizar seguidamente que, a pesar de todo “no pudieron intervenir”. A partir de entonces, los hechos fueron puestos en conocimiento del juzgado, pero el proceso se enquistó a causa de las modificaciones legislativas del ejecutivo central. “Al menos hasta la próxima semana no podemos hacer casi nada por vía judicial”, reconocen.
Sus esperanzas se centran ahora en el final de las medidas extraordinarias del Estado para contener el virus, pero aun así se muestran pesimistas respecto al futuro de los pisos. “Nos consta que han hecho algunas reformas que, aunque los desahuciemos, no evitaremos encontrarnos con un desastre”, apuntan fuentes de la administración de la sociedad, con domicilio social en Madrid.
Estos malos presagios van más allá. Sostienen que en los últimos días se han encontrado en internet algún equipamiento del inmueble a la venta en un conocido portal de venta de objetos. “Según nos comentan, como no hay suministro de gas están intentando vender las calderas para sacarse un dinero”, apuntan en referencia a unos hechos que, no obstante, no han podido confirmarlos para interponer la correspondiente denuncia.
Mientras tanto, los “okupas” siguen disfrutando de unas viviendas a las que accedieron después de abonar una cantidad fija a un hombre al que se refieren como “el promotor”. Desde un primer momento, varios de ellos justificaron el allanamiento debido a su precaria situación económica. “Tengo una niña de 4 años, gano 600 euros y hasta ahora estaba pagando 400 de alquiler por una casa de planta baja llena de humedades”, confesó uno de los “okupas” a LA NUEVA ESPAÑA el pasado mes de marzo tras salir a la luz la situación de este inmueble con vistas a la Catedral que hasta finales de enero estaba deshabitado.
Los allanadores trataron sin éxito de arrancar un acuerdo con los dueños del inmueble para lograr un alquiler asequible, pero no atendieron a sus pretensiones. “Estiraremos la estancia todo lo que podamos”, dijeron ya entonces como declaración de intenciones.
