Los padres de los alumnos del colegio público Narciso Sánchez de Olloniego retomaron esta mañana las protestas contra el incremento del precio de su comedor escolar después de que la Consejería de Educación no les diese ninguna solución para rebajar una tarifa que se ha duplicado de la noche a la mañana, después de que la gestión del servicio cambiase de manos. Al grito de "Comedor escolar asequible y de calidad", un grupo de padres se concentró a las puertas de la Junta General del Principado, coincidiendo con la celebración del Pleno de la Junta. Durante más de una hora de concentración, representantes políticos de distintos grupos se acercaron a la protesta para hablar con el colectivo de padres y tomar nota de sus reivindicaciones.
En los últimos años y en los primeros meses de este curso, los alumnos del colegio de Olloniego podían disfrutar de comedor escolar por un precio de 3,53 euros por alumno y día. Pero en el mes de abril, el precio del servicio subió de improviso y sin avisar a los afectados a 6,86 euros. Entre medias, se extinguió el contrato con la empresa que había gestionado el servicio de comedor en estos últimos años y se sacó a concurso, lo que motivó, una vez que una nueva empresa asumió el servicio, el incremento de precio.
La nueva tarifa se aplicó, además, sin avisar previamente a los padres, de tal modo que no se enteraron de las nuevas condiciones hasta una semana después de que la nueva concesionaria tomase las riendas del comedor. Desde entonces, hace ahora un mes, más de la mitad de los alumnos que disfrutaban del servicio han abandonado el comedor.
Representantes de la asociación de madres y padres del colegio (AMPA) se reunieron ayer, de forma telemática, con la directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas, Lydia Espina, para analizar la situación y buscar posibles soluciones. Pero el encuentro fue infructuoso, toda vez que Espina trasladó a los representantes de los padres que la administración no puede actuar sobre la tarifa ni puede habilitar ayudas a los afectados.
Según precisa la Consejería de Educación, “la directora general ha explicado que la licitación del servicio se ha realizado siguiendo todo el procedimiento legal. El contrato se firmó a principios del mes de abril y se adjudicó a la oferta económica más ventajosa”. Espina señaló además que “el precio debe ser el resultante de la adjudicación de ese concurso público y que la Consejería no tiene margen para modificar la tarifa”.
En la misma reunión, Espina transmitió a la AMPA que “la Consejería tampoco cuenta con margen legal para establecer becas de comedor, al ser un servicio vinculado al transporte”, pero señaló a los padres que “algunos ayuntamientos, en ocasiones, habilitan esas líneas de ayudas”.
“No aceptamos esos argumentos”, señalan representantes de la AMPA. “Entendemos y celebramos que el nuevo contrato esté dentro de la ley, pero no entendemos por qué se redactaron unos pliegos que incluyen unas condiciones que no eran las mismas que disfrutábamos antes”, añaden.
A juicio de la AMPA, en el procedimiento de tramitación y contratación del servicio hay varios aspectos injustos, como el hecho de que otros colegios hayan podido contratar su servicio de comedor a un precio mucho más ventajoso. “No entendemos por qué no se unifica la contratación del servicio, o al menos que se haga de tal manera que no haya tantas diferencias entre los centros. Nosotros solo queremos que lo que había antes se mantenga, y no nos vale la respuesta de que no se puede hacer. Llevará mucho trabajo y conllevará cambios, pero que no nos digan que no se puede hacer”, señalan los representantes de la AMPA.
En la misma reunión, Lydia Espina confirmó a los miembros del colectivo de padres que su Dirección General ha recibido una queja de la dirección del colegio en la que se indica que “la empresa no está poniendo los medios necesarios para la prestación del servicio, tal y como exige el contrato”. Los padres señalan que, según parece, se habría reducido la jornada laboral de las trabajadoras del comedor, lo que implicaría un incumplimiento de contrato por parte de la empresa. La Consejería de Educación ha remitido un requerimiento formal a la empresa para que explique la situación.
