Había 42 testigos citados entre presuntas víctimas, personal de seguridad del hospital y policías pero todos ellos se fueron a casa sin declarar porque el juicio contra la mujer acusada de robar en las taquillas del HUCA fue suspendido cuando todo estaba dispuesto para la celebración. La fiscal que lleva el caso, a raíz de la solicitud de la defensa, pidió que la procesada fuese examinada por un psiquiatra forense para determinar si la mujer --que trabaja como peluquera para los pacientes operados en los quirófanos del hospital y es personal del Sespa-- sufre cleptomanía, un trastorno del control de impulsos que lleva al hurto compulsivo de cosas.

La letrada Naira González, que defiende a la acusada, ya había hablado previamente con la fiscal y sabía que el ministerio público iba a solicitar el informe forense, pero la formalidad obliga a que ese "acuerdo" sea ratificado por el juez en sala y así se hizo esta mañana. La defensa juega así sus cartas porque considera que un diagnóstico de cleptomanía puede eximir a su cliente de la pena de cinco años de cárcel que le pide la fiscal. Es un derecho y la mejor manera de defender a la procesada, sin duda, pero la suspensión del juicio y la movilización de 42 testigos --tres de ellos, además, por videoconferencia-- también supone una pérdida de tiempo y de dinero para los afectados y para el erario público. "¿No se podía haber hecho antes ese examen médico?", se preguntaba uno de los testigos a las puertas de los juzgados de Llamaquique, que esta mañana estaban "demasiado cargados" por la celebración de varios juicios al mismo tiempo. De hecho, la mayoría de los citados para el procedimiento, ni siquiera entraron en el edificio por precaución.

A falta del informe médico, el escrito del fiscal sostiene que la mujer usaba su condición de empleada del centro hospitalario para acceder a las taquillas de los sanitarios y arrasar con todos los objetos de valor que se encontraba en los casilleros. El ministerio público sostiene que la acusada se ganaba la confianza de médicos y enfermeros para coger llaves olvidadas, sustraerlas o directamente forzar las cerraduras y llevarse a casa, móviles, ropa o dinero ajeno.

Los supuestos robos tuvieron lugar entre los años 2018 y 2019. La procesada solía actuar en la planta -2, en la zona de vestuarios dedicada al personal, donde médicos y enfermeras, en su mayoría, guardaban sus pertenencias durante la jornada laboral. Dichos robos se sucedieron hasta que fue detenida en septiembre de 2019 por la Policía Nacional, gracias a la colaboración de la empresa encargada de la seguridad del complejo sanitario.

La detención se produjo a raíz de 43 denuncias de otros tantos profesionales afectados por la oleada de robos. Teléfonos móviles de alta gama, ropa y complementos de gran valor, productos de aseo personal o dinero en efectivo son solo algunos ejemplos del botín logrado por la trabajadora, que gozaba de libertad de movimientos por el hospital debido a su condición de peluquera en distintas áreas del centro sanitario, mientras los profesionales se encontraban desarrollando su jornada laboral.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía exige la devolución de los objetos sustraídos “en perfecto estado” y, si esto no fuera posible, que abone una indemnización por el valor de estos más los intereses legales correspondientes por el tiempo transcurrido desde que los legítimos dueños fueron privados de su posesión. El ministerio público considera que los hechos constituyen un delito continuado de robo con fuerza en local abierto al público dentro de las horas de apertura.