Los vecinos de varios bloques de viviendas públicas del barrio de La Corredoria –donde viven alrededor de 500 familias– aseguran que sus caseros los tienen totalmente abandonados desde hace años y que el Gobierno regional no hace nada por evitarlo a pesar de que es propietario de las parcelas, cedidas a la empresa inmobiliaria AVN –adquirida por un fondo de inversión– desde el año 2005. “No tenemos a quién dirigirnos porque nadie nos escucha. Si se estropea un ascensor no lo arreglan en semanas, no hay mantenimiento de ningún tipo en las zonas comunes y hay zonas en las que hay hasta cucarachas”, asegura María Esther Vázquez, una de las vecinas.
Vázquez y su marido Dimas González acudieron ayer a la Junta General del Principado a denunciar una situación que consideran “vergonzosa”. Lo hicieron como portavoces de unos vecinos que, según sostienen, “están acobardados y no se atreven a dar la cara” porque están recibiendo “ciertas amenazas” por parte de AVN. “Encima de no mirar para nosotros mandan cartas a la gente diciendo que dejen de protestar e invitándoles a irse de su casa si no están contentos con la situación”, dice María Esther Vázquez. Al lado de los vecinos estuvo el diputado de Podemos Rafael Palacios, quien asegura que su partido no va a parar hasta que el Gobierno regional tome cartas en el asunto. “Se trata de una situación de abandono total. El contrato exige que se hagan reuniones de seguimiento y no se hacen. Encima no podemos permitir que aquellas personas que exigen sus derechos estén siendo intimidadas. La Administración autonómica debería controlar y supervisar el estado de estos domicilios, hay una clara dejación de funciones”, señala Palacios.
Según aseguran los vecinos, algunas de las puertas de las zonas comunes están dañadas, no hay una ventilación adecuada y el garaje se inunda. “Además está lleno de cables pelados y en mal estado. Un día salimos volando o electrocutados”, denuncia María Esther Vázquez.
